El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley que le reconoce ciertas prestaciones laborales a los funcionarios que sean despedidos de manera injustificada.
La propuesta fue presentada por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés, y consiste en que toda persona nombrada, permanente o eventual en cargos del Órgano Ejecutivo, entidades autónomas y semiautónomas, que perciban remuneración del Estado, y sea despedida de su cargo en la administración pública de manera injustificada, tendrá derecho a recibir una prima de antigüedad en razón de una semana de salario por cada año laborado al servicio del Estado en forma continua, aunque sea en diferentes entidades del sector público.
En los casos que algún año de servicio no se cumpla en su totalidad, explicó la ministra de Trabajo, tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente, y para llevar adelante ese cálculo se tomará en cuenta el último salario devengado por el servidor público.
De igual forma se establece, en el documento, que toda persona nombrada permanentemente o eventual en cargos del Órgano Ejecutivo, entidades autónomas y semiautónomas que sea despedida de su cargo en la administración pública de manera injustificada, tendrá derecho a recibir una indemnización, que será calculada con base al último salario devengado y conforme a la escala prevista en el artículo 225 del Código de Trabajo, por cada año laborado al servicio del Estado en forma continua, aunque sean en diferentes entidades del sector público.