El Panamá América
El presidente de la Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC), Christian García, consideró ayer que el Consejo de Gabinete no tiene la facultad para cancelar los efectos de la ley de derecho de autor, que a partir de enero de 2001 pretendía imponer a los comercios del país, el pago de una tarifa por la reproducción de música.
Las declaraciones de García surgen luego que el vicepresidente Arturo Vallarino anunciara el congelamiento del gravamen que programaba establecer la SPAC en el año 2001, por orden del Consejo de Gabinete.
El presidente de la SPAC indicó que este gremio no ha recibido ningún documento que ordene la suspensión de los efectos de la ley de derecho de autor, y cuestionó al Consejo de Gabinete por anunciar el congelamiento de la tarifa.
¿Un Consejo de Gabinete puede suspender una ley?, preguntó García. "Si eso es así estamos viviendo en un país equivocado", agregó el dirigente gremial.
Según García, los empresarios confundieron a la opinión pública, al hacerle creer que la ley era perjudicial. "El poder económico logró su cometido, porque confundió a la opinión pública, pero en realidad la ley de derecho de autor no tiene nada de malo..., es una ley que beneficia al pueblo panameño, porque los autores y compositores somos pueblo", sustentó García.
Argumentó que "lo que no quiere el poder económico es pagar los derechos que tienen los autores por sus obras".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Restaurantes, Rino Tamburelli, alegó que la ley de derecho de autor es inconsulta y dijo que de aplicarse la tarifa por la reproducción de música en los comercios, el pago de estos dineros será traspasado a los consumidores. "Hay un rechazo total del comercio y del pueblo, porque al final el plato roto lo pagará el consumidor", dijo Tamburelli.
En tanto, el presidente de la SPAC dijo que los comerciantes tienen un doble discurso, porque por un lado quieren demostrar que defienden los derechos de los consumidores, pero nunca se han pronunciado en contra de los aumentos a las tarifas por los servicios de suministro de energía eléctrica y de telefonía residencial.
"Que si la tarifa está muy alta, que si está muy baja, eso es cuestión de sentarnos a conversar y negociar, pero los empresarios no debieron alborotar este avispero y crear confusión entre la opinión pública", opinó García.
