Durante y posterior a la ejecución de la ampliación del Canal
, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá se comprometió públicamente a garantizar la transparencia del megaproyecto, por medio de una fiscalización.
De acuerdo con el presidente de la Cámara, Diego Eleta, el gremio está creando los mecanismos de fiscalización, a través de varias entidades que incluyen la sociedad civil, para asegurarse que no se malgasten los dineros del Estado.
La iniciativa se adoptó, independientemente del proyecto de Ley 28 que se aprobó en la Asamblea Nacional, para evitar malos manejos, licitaciones y contrataciones en procesos financieros que estén relacionados con el megaproyecto valorado en unos 5 mil 250 millones de dólares.
