El presidente de la Asamblea Legislativa, Enrique Garrido, acusó ayer al Contralor de la República, Gustavo Pérez, de "faltarle el respeto" a este órgano del Estado por negarse a comparecer a una citación ante el pleno programada para la sesión plenaria de esta fecha.
Garrido dijo que el Contralor envió una nota por vía fax con una "excusa muy pobre", en la cual informaba que no comparecería al pleno legislativo porque no se le había enviado una nota formal.
El artículo 47 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, que es ley de la República, dice en el artículo 47 que la renuencia de un funcionario público citado por el pleno puede ser sancionada con las penas que dispone el Código Judicial para los casos de desacato.
Garrido aseguró que la Asamblea Legislativa ha dispuesto enviarle una nota de respuesta, en la cual explicará que él como contralor está en la obligación de asistir a estas citaciones y en la que además fijarán una nueva fecha para dicha comparecencia.
El Presidente de la Asamblea dijo que no se justifica esta negativa, ya que el mismo Contralor la semana pasada cuando compareció a la Asamblea, se comprometió ante el pleno a regresar en la sesión de ayer, porque no había concluido con las interrogantes de parte de los legisladores.
Según un cuestionario aprobado por el pleno legislativo, el contralor debe informar sobre la lesión patrimonial causada al Estado a través del Programa de Asistencia Rápida de Asistencia para Viviendas de Interés Social (PARVIS), el manejo de la planilla estatal, la deuda pública, las partidas confidenciales de la Presidencia de la República y otros puntos sobre el manejo de las finanzas públicas.
El contralor en la nota enviada al presidente de la Asamblea, señala que, "si bien es cierto que aceptamos concurrir al pleno este jueves 30 de septiembre, a efecto de continuar el debate iniciado el pasado 22 de septiembre de 1999, la citación formal para tal comparecencia la recibimos el 30 de septiembre del mismo, vía fax, a las 11:53 a.m.".
Pérez destaca en la nota que a través de la "interpretación correcta" del artículo 155, la citación debe ser aprobada por el pleno y luego citada oficialmente al ente público respectivo.
Añadió que el funcionario requiere de un tiempo prudencial para prepararse mejor, a fin de que las respuestas a las preguntas de los legisladores sean absueltas con eficiencia y claridad.
