El presidente de la Asamblea Legislativa, Enrique Garrido, instó ayer a la mandataria Mireya Moscoso, a brindar al país un ejemplo de civilidad política y a dejar de lado el antagonismo con el Organo Legislativo, que sólo propicia enfrentamientos que deterioran el sistema democrático.
Sin embargo, reconoció que en democracia son sanas y normales las diferencias, al tiempo que reconoció que algunas de sus declaraciones suelen irritar a ciertos funcionarios del gobierno. "Lo que si no pongo en duda es que expreso lo que siento, como vengo de un hogar pobre y comparto la mayor parte de mi tiempo con los más necesitados, conozco e interpreto sus inquietudes", indicó.
Los señalamientos de Garrido se dieron durante la ceremonia de apertura del segundo periodo de sesiones legislativas, donde agregó que "existen proyectos que son de importancia para el gobierno, pero creemos que los mismos se deben consultar ampliamente, con todos los sectores, buscando adoptar las decisiones que representen lo mejor para el país".
Destacó que "de esta manera será como llevaremos a consulta el proyecto que pretende reformar el régimen que creó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo".
Subrayó que dicho fondo, que es el resultado de las privatizaciones de empresas estatales y de la venta de bienes de la ARI, "constituye el ahorro nacional de todos los panameños, y el empeño no debe ser gastarlo, sino hacerlo crecer con visión de futuro, pensando que debe convertirse en verdadero motor del desarrollo y de generación de empleos".
No obstante, indicó que la propuesta del Organo Ejecutivo sobre el uso del fondo será evaluada por la Asamblea y reveló que se invitará al debate y discusión a todos los grupos y personas con interés serio en enriquecerla y mejorarla.
Manifestó que lo mismo se hará con la propuesta de reforma tributaria, ya que "el sistema actual es injusto, riñe con la equidad y, lo que es peor, favorece a los que más ganan".
Destacó además que existen iniciativas cuya discusión y aprobación no se puede dilatar, como la ley general de sueldos para racionalizar el gasto público y retribuir a los empleados equitativamente según el trabajo que desempeñan.
Agregó que otra importante iniciativa es la derogación de la ley que quita la potestad de nombrar al jefe de la Policía Técnica Judicial al presidente de la Corte Suprema de Justicia para dársela al procurador de la Nación, así como la ley orientada a fortalecer el servicio civil y la Carrera Administrativa con el fin de evitar los despidos masivos al inicio de cada gobierno.
Manifestó que durante el primer periodo de sesiones, la Asamblea Legislativa discutió y prohijó 42 anteproyectos de ley, de los cuales nueve fueron presentados por el Ejecutivo y dos por el Ministerio Público; 11 proyectos se encuentran pendientes de segundo debate, cinco de sanción por parte del Ejecutivo, uno fue objetado y ocho leyes debidamente sancionadas y publicadas en la Gaceta Oficial.
