Cifras
- 15 años es el tiempo contractual de Mi Bus y el Estado.
- 933 paradas entre típicas y zonas pagas forman parte del componente del proyecto de modernización.
La estrategia le funcionó. Así describe Roberto Moreno, exdirector de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el reciente acuerdo amistoso entre el Ejecutivo y los directivos de la empresa Mi Bus de suspender el proceso arbitral.
“Simplemente fue una jugada para tantear al Gobierno entrante. Era la manera para ejercer presión y evadir responsabilidades contractuales”, contó.
La deducción la basó en que aquel 24 de junio, cuando los representantes legales de Mi Bus le notificaron que la empresa llevaría al Estado a un proceso arbitral por incumplimiento, no resaltaba la mora en el pago del subsidio .
“Al 30 de junio, cuando salimos de la ATTT, los pagos estaban al día. La empresa presentaba factura, se revisaba y se tramitaba. Los argumentos eran otros: incumplimiento en algunos componentes como los carriles exclusivos, entrega tardía de rutas y de dos patios y talleres, pero no de atrasos en los pagos”, concluyó.
Las declaraciones de Moreno surgen en respuesta a las causales del arbitraje expuestas por los directivos de la empresa Mi Bus en reciente reunión con el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, y el subdirector de la ATTT, Rubén Chávez.
En el encuentro, dijo Chávez, los representantes de la empresa acordaron retirar el proceso de arbitraje contra el Estado, bajo el compromiso de que se les agilice el pago en concepto de subsidio entre 14 y 17 millones de dólares. También se acordó establecer una mesa de negociación para debatir temas referentes a la optimización del servicio.
“Realmente lo que ellos han planteado es que tenemos compromisos de estos con pagos inmediatos, que al final del año son cerca de $40 millones”, compartió el subdirector de la ATTT, en declaraciones a Telemetro.
La piratería, visto por la empresa como una práctica desleal, la falta de infraestructuras y el sistema programático de la empresa, también se analizó en ese primer acercamiento entre las partes. “Como Estado tenemos un compromiso de resolver el problema para que el servicio sea oportuno y seguro”, contó.
Antecedentes
Mi Bus se adjudicó en agosto de 2010 el contrato 21-10 por $269 millones en el que se comprometió encargarse del proceso de modernización del sistema de transporte en las 21 rutas existentes en la capital.
El exterminio de los “diablos rojos” se inició en diciembre de ese mismo año en las rutas del Corredor Sur. Progresivamente, el sistema fue incursionando hasta completar el proceso el 15 de marzo de 2013. A la par, surgieron quejas de los usuarios de que la ATTT validó como quejas graves y muy graves, relacionadas en su mayoría con la frecuencia y tiempos de espera en las zonas pagas.
El incumplimiento lo hizo merecedor de tres sanciones que alcanzaron la suma global de $379,988 en multas. Desde 2010, los 650,000 usuarios que moviliza el metrobús viven sumergidos en un sistema plagado de quejas por los tiempos de espera, incomodidades y servicio deficiente en horas nocturnas.
Para aprovecharse de la debilidad en el sistema, un grupo de transportistas indemnizados se organizó y armó frentes de movilización que opera y crece al margen de la ley.
Los piratas, como les llaman, nacieron según los propios transportistas y usuarios, como una solución al problema.
El 15 de abril de 2013, los directivos de la empresa fueron citados en la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional. Allí, en un cuestionario de 10 preguntas, le achacaron el problema a la serie de trabajos viales en el proyecto de reordenamiento vial y la construcción del metro.
“Los tiempos de viajes dependen netamente del tráfico de la ciudad e impactan la comodidad de los usuarios. El sistema no se puede medir hasta que no esté implantado en su totalidad. Por lo tanto hay que implantar los carriles exclusivos, zonas pagas y perfeccionar el sistema de recaudo”, era parte de las respuestas suministradas por la empresa a los comisionados que exigían una explicación al problema.
Finalizados ambos proyectos relacionados con el transporte, los tiempos de circulación, según los reportes de la ATTT, mejoraron de 16 a 24 kilómetros por hora, “y la queja generalizada de los 600.000 usuarios es la misma”.
En el contrato 21-10 de agosto de 2010, el Estado se comprometió en la adecuación de siete patios y talleres para los 1,200 buses, subsidio en el combustible, exoneración en las piezas y subsidio en el pasaje.
Los reportes oficiales de la ATTT indican que de acuerdo con el movimiento diario de pasajeros, Mi Bus maneja $416,000 diarios, que por año se promedian en $150 millones que genera el negocio del transporte.
El abogado especialista en contrataciones públicas, Ernesto Cedeño, se estudió cada uno de los artículos y miró la serie de quejas planteadas. Ante eso concluye, “Creo que el Estado debió haber resuelto este contrato a Mi Bus hace rato, por su incumplimiento en recoger a la gente en los 15 minutos”. En la Corte Suprema de Justicia hay dos demandas que exigen la nulidad del contrato, interpuestas por el abogado Víctor Martínez.
