Washington.- En la reunión entre los funcionarios de Panamá y Estados Unidos, también estuvieron presentes Susan Woods, la encargada de asuntos centroamericanos y funcionarios de la asesoría legal del Departamento de Estado.
"Es un documento de noviembre de 1993 y hemos tratado de obtener acceso a este documento para poder verificar todo lo concerniente a armamentos químicos en Panamá", declaró Alemán en una entrevista con este corresponsal en la Embajada de Panamá.
"Por el momento no hemos recibido contestación del Departamento de Defensa y venimos pues a pedirle al Departamento de Estado y al embajador Maisto para que nos apoye en esto para entonces poder determinar específicamente cuáles son los procedimientos que se deberán seguir con esos explosivos", destacó el canciller panameño.
El documento, que tiene como título "Listing of Suspected Chemical Burial Sites Overseas, Appendix D to Document Titled Survey and Analysis Reports prepared by the U.S. Army Chemical and Biological Defense Command, Panama", puede por ley permanecer en su carácter de confidencial durante 25 años, o sea hasta el 2018, pero tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado tienen la facultad de acortar ese plazo, con o sin el consentimiento del Pentágono.
Alemán confirmó la información publicada en este periódico el fin de semana de que el bufete de Arnold & Porter de esta ciudad, que asesora al gobierno panameño en su lucha por obtener la cooperación de Washington en la disputa sobre los polígonos de tiro, obtuvo una serie de fotografías que no deja lugar a dudas la presencia de explosivos químicos en San José. Las pruebas fueron obtenidas por técnicos de Geofax, una compañía basada en el Estado de Virginia que se especializa en localizar explosivos. Asimismo, confirmó que en el caso de San José se puede invocar una convención firmada por Estados Unidos que prohíbe el uso de armas químicas.
