Unos B/.694 mil adeuda el Gobierno a la Caja de Seguro Social en concepto del pago del 0.3% del salario de los educadores del Programa de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA), advirtió ayer el director de esta entidad, Juan Jované. Indicó que la CSS tiene que tomar dinero de otros programas para subsidiar la administración del PRAA.
"La Caja se ve forzada a tomar dinero para mantener la administración sin que el Estado pague esto, se trata de un subsidio", recalcó. Sustentó que todos los meses la CSS envía un estado de cuenta al Gobierno Central para que cumpla con los compromisos, incluyendo lo del PRAA.
Explicó que el PRAA es un fideicomiso y la ley le impone al Estado que pague el 0.3% y no ha cumplido con ello. Por su parte, el secretario general de la Federación de Asociaciones de Educadores de Panamá (FASEP), Luis López, denunció que desde que empezó la ejecución de la ley en enero del 2001, el Estado no ha cumplido con ningún pago del PRAA.
Precisó que la Ley No.54 que regula el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable de los educadores en su artículo 3 establece que el Gobierno, por conducto del Ministerio de Educación, tiene que hacer un aporte del 0.3% del salario de cada educador que se beneficia con el PRAA para gastos administrativos o sea alquiler del local, pago de luz, teléfono y funcionarios, de tal manera que no se tenga que tomar del fondo que aportan los docentes.
Puntualizó que el problema radica en que el gobierno no ha hecho estos aportes y la CSS no ha recibido un solo centavo. "Esto viola la ley, aunque no peligran las jubilaciones no se puede permitir que el Gobierno incumpla con la Ley No.54", destacó López.
Ahora existe un fondo, producto de esa administración, que permite su mantenimiento. "Si yo alquilo un apartamento, con el alquiler mensual, al valor de la plaza, se hacen arreglos a la propiedad para mantenerla en buen estado y el remanente se deposita en una cuenta especial de bienes aprehendidos aprobada por Contraloría".
Marre destaca que los locales comerciales se encuentran en óptimas condiciones y el día que pasen a control de CONAPRED tendrán un bien mantenido y adicional dinero, producto de su administración.
En el caso de las joyas, éstas se depositan en una cajilla de seguridad en el Banco Nacional a nombre de CONAPRED, mientras que otros pueden estar en el Fondo de Custodia del Ministerio Público o cedidos a una institución, como es el caso de las embarcaciones que se entregan al Servicio Marítimo.
Además de acciones de capacitación, durante tres años han desarrollado el proyecto Acuerdo de Tratamiento de la Posesión Simple de Drogas, el cual les ha permitido darle dinero a las Organizaciones No Gubernamentales sobre todo a las que brindan tratamiento, ya sea ambulatorio o de internamiento. Financiaron por tres años a centros como Hogares CREA, Cruz Blanca, Teen Challenge, Centro de Resocialización de Tocumen, de Parque Lefevre y otros.
Los fondos que se les asignan dependen del tipo de tratamiento que brindan si es ambulatorio o por internamiento. Si es internamiento, comenta, es más costoso porque hay que darle alimentación, alojamiento, enseres de uso personal y ayuda médica, que hace más oneroso el tratamiento.
En el programa ambulatorio la persona va, escucha charlas, tiene un seguimiento, terapia y regresa a su caso, eso abarata el tratamiento, afirma Marre. Para la entrega de fondos toman como referencia el tipo de tratamiento y la población que atiende, porque a mayor población, más fondos, dice Marre.
CONAPRED se encarga de la capacitación del recurso humano. No pagan a especialistas sino que utilizan la experiencia del recurso humano involucrado. El trabajo en estos centros demanda la capacitación de su personal, de los jueces, fiscales y médicos forenses, porque dependiendo de la personalidad del individuo el médico puede recomendar cuál es el mejor tratamiento porque conoce las diferentes técnicas.
Además vigilan si el dinero que se les asigna es bien empleado. En ese proyecto de evaluación tiene el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, porque como son pocos los recursos hay que invertirlos bien. "Por eso ha venido un grupo de extranjeros a enseñarnos", aseguró.
Contraloría ha establecido cuáles son los controles que debe tener el beneficiario del proyecto para recibir el apoyo económico, siempre que se haya verificado cuánto se han gastado versus la inversión. Marre se siente optimista del personal que trabaja con CONAPRED, desde psicólogos clínicos, hasta personas capacitadas especializadas en reclutar información sobre administración de bienes.
También está en el proceso de especializar al personal de CONAPRED en diferentes temas, como es en el desvío de químicos. Alabó el apoyo técnico que CONAPRED ha recibido de gobiernos y organismos internaciones. "Yo sé que si necesito un experto en un tema X automáticamente Estados Unidos me lo da".
Pese a todas las acciones cree necesario reforzar la prevención a nivel escolar, diseñar planes continuos para la capacitación entre profesores y maestros. Destaca también que se requiere sensibilizar tanto a sectores de la sociedad civil como de los partidos políticos, porque ya los países no luchan con el tema de droga de manera independiente sino hablan de responsabilidad compartida y "tenemos que hacerlo a nivel nacional".
Piensa que estamos en un periodo de oportunidades donde se reciben aportes de gobiernos, de países de organismos internacionales donde cada vez está más tecnificado el tema de las drogas.
El destino de los bienes lo decide una comisión formada por las 11 organizaciones y grupos que apoyan a CONAPRED en las funciones relacionadas con la oferta y la demanda. Entre algunas instituciones gubernamentales que trabajan en la reducción de la demanda están los Ministerios de Educación, Salud, Juventud, Mujer, Niñez y Familia, como el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, la Cruz Blanca Panameña, Cristo para Todas las Naciones, y las Fundaciones: PRIDE, Teen Challenge, REMAR, Educativa Médica Antidrogas y Hogares CREA.
Además hay otros como la Iglesia Católica y la Universidad de Panamá. Las responsables de la reducción de la oferta son: las Fiscalías de Drogas, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Policía Técnica Judicial del Ministerio Público; la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de la Presidencia; la Policía Nacional y la Dirección de Información e Investigación Policial (DIIP), Servicio Marítimo Nacional (SMN), el Servicio Aéreo Nacional (SAN) del Ministerio de Gobierno y Justicia; la Comisión para el Control y Erradicación de la Droga y el Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y la Comisión Interinstitucional para el Control de Sustancia Químicas (CCQ) y los Ministerios de Salud, Público, Economía y Finanzas, y Gobierno y Justicia.
Aunque Panamá es uno de los pocos países que posee una estrategia nacional en materia de drogas y destina los fondos provenientes de esta actividad a acciones de prevención y capacitación de recurso humano, necesita reforzar la capacitación del sector educativo para ayudar a la prevención del uso indebido de drogas en la juventud.
Y es precisamente esta una de las funciones que desarrolla la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED), secretaría encargada de las gestiones administrativas relativas a la Estrategia Nacional en Materia de Drogas desde 1994, cuando fue creada.
Además, busca financiamiento ante autoridades y organismos nacionales e internacionales y países donantes, para el desarrollo de esta estrategia. Holda Alvarez de Marre, encargada de esta secretaría, manifiesta que para elaborar esta estrategia, CONAPRED reunió a todos los sectores del país: El policía que está luchando contra las drogas; el maestro que está en la escuela viendo las drogas, el funcionario de Aduanas que ve las debilidades, es decir, la estrategia es producto de los agentes técnicos.
De esa experiencia Marre conoció que se necesitaba capacitar a maestros y profesores en prevención del uso indebido de drogas, porque es un tema cambiante y complejo y si el mensaje no está bien dirigido podría acarrear efectos contrarios.
Pero para llevar el mensaje a la comunidad, CONAPRED debe encargarse del estudio y prevención de los delitos relacionados con las drogas y desarrollar sus funciones en dos áreas: reducción de la oferta y de la demanda.
La oferta, explica Marre, se refiere a las medidas que se toman para el control del narcotráfico, la prevención del blanqueo de capitales, tráfico de armas y el desvío de químicos, sobre el cual laboran en un proyecto de ley para evitar esta práctica.
La demanda aborda la investigación sobre el consumo de drogas entre la población, el desarrollo de programas de prevención, apoyado por organismos gubernamentales y no gubernamentales, y los programas de tratamiento, rehabilitación y de resocialización del farmacodependiente.
En estas dos ramas radica sus principales responsabilidades: la de elaborar cada cinco años la Estrategia Nacional en Materia de Drogas, el debido seguimiento para su desarrollo y que los dineros, bienes o valores revertidos, provenientes de la demanda o de la oferta, se usen en beneficio de la sociedad a través de la capacitación del recurso humano, mecanismos de control. y la coordinación de acciones de fortalecimiento de las instituciones que luchan contra ellas. La primera Estrategia Nacional en Materia de Drogas se elaboró en 1996 y abarcó hasta el 2001. La segunda se inició en el 2002 y finaliza en el 2007.
Marre dijo que trabajan con un presupuesto que varía dependiendo de los resultados de los decomisos, además del que destina la Procuraduría para el funcionamiento de la oficina. "A veces se escucha casos de dineros que vienen a CONAPRED y los fondos no llegan", afirma.
Puso como ejemplo uno de 10 millones de dólares hace 8 meses, pero CONAPRED no ha recibido nada, nada y lo necesita. Explica que de esa suma la Corte Suprema aceptó un recurso por 5 millones y de los otros 5, CONAPRED no ha recibido nada. "Se dijo públicamente que para CONAPRED venían esos 10 millones y no he recibido nada. "Y se necesitan", exclamó.
A nivel internacional Marre expresó que CONAPRED está muy bien reconocida. "Somos una de las pocas comisiones que tenemos esta ventaja. En otros países ni siquiera retienen bienes del narcotráfico, no tienen presupuesto definidos. Entonces las comisiones son políticas, no son comisiones facilitadoras, ni coordinadoras, ni fortalecedoras de proyectos de otros sectores".
A nivel de la región, además de Panamá, Costa Rica, Chile y Argentina, sí reciben bienes del narcotráfico. Esto es lo que realmente le va a ayudar a CONAPRED a realizar su estrategia nacional contra las drogas, asegura Marre.
En el 2001 se realizaron campañas de prevención financiadas con fondos de los decomisos. Una de ella fue la campaña bajo el lema: "Sin drogas ni alcohol disfruto mi vida mejor". Esta campaña fue valorada a nivel internacional y presentada en diferentes foro como la OEA y ONU. Producto de esa campaña Panamá fue seleccionada dentro de proyectos de organismos internacionales en componentes de comunicación.
También el personal de CONAPRED y el de otras instituciones de apoyo reciben capacitación de expertos internacionales, producto del intercambio con otras naciones. Se benefician la Policía, jueces y fiscales.
Marre considera que es una labor que puede ser mejorada en la medida que se simplifique o se mejore el mantenimiento de los bienes, porque si recibe bienes en mejor estado puedo sacarle un mayor provecho. En CONAPRED se tiene que trabajar con mucho idealismo, estar muy actualizado, pensar positivo, y sobre todo aprovechar este ambiente de unión, señala.
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