El director general de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), Eduardo Rodríguez, manifestó ayer que el gobierno le adeuda alrededor de B/.40 millones a los miembros de ese sector industrial.
Explicó que la deuda abarca fundamentalmente aspectos relativos a la construcción de carreteras, edificaciones del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social.
Sostuvo que la deuda que mantiene el Estado con las empresas constructoras se ha incrementado, producto de los intereses morosos del 2% mensual, que exige la ley, después de 90 días de presentada la cuenta para su pago.
Señaló que para aminorar la deuda, la CAPAC sólo puede reunirse con los ministros de las entidades contratantes, para transmitirles la preocupación de los empresarios por la demora de los pagos.
Después de las gestiones de la CAPAC, se han efectuado algunos pagos "esporádicos y eventuales", pero no a los niveles que esperamos.
Igualmente, indicó que el Estado no ha destinado partidas para hacerle frente a los intereses moratorios.
La suma se va incrementando debido a que no hay un programa de pago formal que trate de rebajar las cuentas de mayor antigüedad y que considere el flujo de nuevas deudas a través de otras obras.
La CAPAC hizo públicas ayer una serie de recomendaciones a los tres candidatos presidenciales una vez éstos lleguen al poder, entre las que se destacan la construcción de un puente alterno o túnel en el lado Pacífico del Canal con conexión a la autopista Panamá- Colón y la conexión de los Corredores Norte y Sur.
Asimismo, recomendaron la reparación de la carretera hacia Darién y el diseño y construcción de un tren urbano funcional en la ciudad capital.
Mientras, trascendió que una "comisión designada" por la CAPAC gestiona ante el Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades oficiales el pago de deudas que mantiene el gobierno con contratistas.
La delegación de la CAPAC solicita a las entidades gubernamentales adelantar internamente los trámites burocráticos, para que una vez se cuente con los recursos necesarios se proceda al pago de las cuentas pendientes.
La falta de pago a las contratistas ocasiona serias dificultades financieras a las empresas afectadas que se reflejan en limitaciones para atender sus compromisos comerciales, bancarios y laborales, entre otros.
