Una comitiva del gobierno colombiano evalúa en Panamá la situación de los desplazados para agilizar el proceso de repatriación a su país y garantizar su seguridad, informó ayer, el vicecanciller de la República, Harmodio Arias.
Explicó que la comitiva se trasladó al lugar de los desplazados para analizar sus necesidades y ver cómo establecen un ambiente de seguridad en la región colombiana que les permita vivir sin "zozobras".
Indicó que no existe una fecha definida para culminar el proceso de repatriación, porque hay que analizar caso por caso y se trata de un número significativo de colombianos.
"Hay una cantidad considerable de desplazados quiénes se han alejado de sus países huyendo a la situación de peligro y estamos coordinando con el gobierno colombiano para que regresen dentro de un marco de seguridad", afirmó Arias.
Precisó que celebraron una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para suministrar los medicamentos y comidas a los desplazados.
En las últimas semanas aumentó la cifra de desplazados colombianos que ingresaron a territorio panameño huyéndole a la violencia que se vive en el país vecino, e inclusive en la comunidad de Jurado izaron la bandera panameña.
Por otra parte, Arias manifestó que hay equipo de abogados que representará a Panamá ante la Corte Internacional de Derechos Humanos por supuesta violación a los derechos humanos de los servidores públicos destituidos con la Ley No.25 del 14 de diciembre de 1990.
"Esperamos que sea un resultado favorable para Panamá, por lo que no queremos especular sobre el fallo que emitirá la Corte", acotó el vice ministro de Relaciones Exteriores.
Puntualizó que la administración de Mireya Moscoso no ha tratado de negociar con los extrabajadores que presentaron la demanda, porque se trata de un problema que data de 1990.
"Recibimos el gobierno sólo hace cuatro meses y estamos a la espera del resultado del fallo de la Corte Internacional", recalcó Arias.
El vicecanciller enfatizó que el actual gobierno está abierto al "diálogo sincero" con cualquier grupo, y si estos trabajadores quieren conversar con las autoridades se puede hacer.
La próxima semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos con sede en San José, Costa Rica realizará la audiencia de fondo sobre la destitución de un 270 extrabajadores del antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).
De resultar el fallo a favor de los trabajadores tendrán que pagar aproximadamente B/.200 millones en concepto de indemnización.