El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Joaquín Jácome, afirmó ayer que el Gobierno panameño está dispuesto a negociar con un consorcio alemán o cualquier otra empresa para mantener la actividad bananera en Puerto Armuelles, siempre y cuando sea una compañía "supremamente" sólida y de prestigio reconocido.
Expresó que ante la situación que se vive actualmente en la región de Barú, en la provincia de Chiriquí, el país no se puede permitir que sea cualquier consorcio el que pretenda continuar con esta operación.
Jácome dijo que debe ser una empresa "supremamente sólida" y después que demuestre su capacidad económica y financiera, el Gobierno puede conversar y está "abierto" a recibirla.
Al mismo tiempo, informó que como representante del Estado hace lo posible para que se mantenga el diálogo tripartito en el que participaban la empresa, los trabajadores y el gobierno, como la mejor vía para encontrar una salida a este problema.
Insistió en que la solución debe incorporar el beneficio de la mayoría de los panameños, pues al final de cuentas, todo el país se beneficia de esta actividad.
Por otra parte, el ministro se mostró en desacuerdo con un estudio hecho público por un organismo internacional, según el cual durante el año 2002 la inversión extranjera disminuyó en Panamá de manera justificable.
Indicó que no entiende sobre la base de qué cifra dan a conocer su posición, pues ubican la inversión extranjera en Panamá en más de B/.300 millones, cuando sólo el grupo que compró la Cervecería Nacional invirtió casi B/.260 millones, cifra que se considera como el monto más alto invertido por una empresa que no es producto de una privatización.
En materia de usuarios generales (bares, restaurantes, discotecas y todos los establecimientos comerciales que utilicen música), el porcentaje de cobro es bastante bajo, afirmó, no pudiéndose lograr que ni el 20% de estos usuarios, que representan el grueso, hayan pagado.
Señala que pese a todos los llamados, los usuarios están renuentes al pago del derecho de autor, por lo tanto se harán visitas para proceder de la forma en que la ley lo faculta para aplicar multas, confiscar equipos y hasta demandas penales.
