Washington.- Un informe del Comité para la Protección de Periodistas denuncia al gobierno de la presidenta Mireya Moscoso por manipular las leyes de desacato y la difamación para silenciar a sus críticos.
Asimismo, el documento lanza una nueva y aguda crítica a la tan denunciada práctica del gobierno panameño de impedir acceso a su gestión oficial requerida por los medios, como parte de su obligación por mantener al público informado.
El documento, que fue obtenido días antes de su publicación oficial, recuerda que el 1 de agosto pasado, sólo tres semanas después de que Moscoso había prometido repeler las leyes contra la difamación, dos reporteros fueron sentenciados a un año de cárcel cada uno. Las sentencias fueron reducidas a una multa de B/.600 a cada periodista.
El gobierno también decretó el arresto de Jean Marcel Chery y de Gustavo Aparicio, reporteros de La Prensa y El Panamá América, respectivamente, con cargos de haber insultado al entonces ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, al publicar un artículo alegando que fondos públicos fueron utilizados para realizar una carretera que casi llega exclusivamente a las propiedades del ahora magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del contralor Alvin Weeden.
El informe cita estas medidas de represalia para explicar por qué afirma que Panamá ha ganado fama de tener un sistema institucionalizado de hostigamiento legal contra la prensa.
El limitado acceso que existe para la información oficial también es un problema para los medios, sentencia el documento.
Ted Koppel, director del programa Nightline de la cadena ABC, apunta al contraste entre la libertad en que operan los periodistas en Estados Unidos, con la situación en otros países, donde están constantemente expuestos a amenazas y atentados.
A diferencia de los periodistas en Bangladesh, Haití, Rusia y Eritrea, no "tenemos motivo de temer a ser sometidos al pelotón de fusilamiento, torturados o a la cárcel", sostiene.
