El Gobierno de Panamá dijo hoy en una reunión de un comité de la ONU que ha dado pasos "significativos" en áreas como la libertad de expresión y la transparencia, entre otras, a fin de garantizar "el pleno cumplimiento" de sus obligaciones en materia de derechos humanos, informó una fuente oficial.
El Ejecutivo panameño ha generado "cambios efectivos en materia de libertad de expresión, relación con los sindicatos y los pueblos originarios, el procedimiento de determinación del estatuto de refugiado y en materia de transparencia y de rendición de cuentas", afirmó el ministro del Trabajo, Luis Ernesto Carles.
Carles representa a Panamá en una reunión del Comité de Derechos Humanos de la ONU que se celebra desde este miércoles y hasta el próximo viernes en Ginebra, Suiza.
El ministro aseguró que el Estado panameño está enfocado en el fortalecimiento institucional a través de una estrategia que incluye la ratificación de convenciones de derechos humanos, adecuación de la legislación nacional, creación y renovación de instituciones e implementación de políticas públicas que faciliten esa meta.
Así, Panamá ha ampliado el debate sobre la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas y tribales, precisó el ministro del Trabajo en la reunión del comité de la ONU, según un comunicado oficial.
El Gobierno panameño, presidido por Juan Carlos Varela, ha expresado la firme convicción de que la discriminación por cualquier motivo, incluidos racial y étnica, es una práctica "incompatible con la democracia y los derechos humanos, por lo que debe ser ejemplarmente sancionada por los ordenamientos jurídicos internos".
La Administración de Varela "está comprometida a continuar fortaleciendo el pleno derecho y garantía de los derechos de todas las personas que se encuentran en el territorio nacional", añadió el ministro, de acuerdo a la información oficial.
El Comité de Derechos Humanos es un órgano de la ONU compuesto por expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado en 1966.
Todos los países que forman parte del comité deben presentar periódicamente informes sobre la manera en la cual se ejercitan los derechos dentro de sus fronteras.
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