Presidente de Apede evita hablar de contrataciones directas
- El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Fernando Aramburú Porras, evitó cuestionar los contratos directos otorgados en el gobierno de Juan Carlos Varela. Pero en la administración pasada tenía una posición radical contra este mecanismo de contratación. En uno de sus comunicados en Apede, Aramburú aconsejó que las inversiones públicas se lleven a cabo sobre la base de la transparencia, por parte del Gobierno y del sector privado, sin preferencias, siempre con probidad, calidad al menor costo posible y alejadas de señalamientos de corrupción. “A consideración de la Apede, todas las contrataciones públicas y adendas a contratos, muchas de las cuales llegan a cifras millonarias, tienen que enmarcarse en lo establecido por la Ley de Contrataciones Públicas de 2006 y sus diferentes reformas”, indicó. Dijo que ello era con el propósito que haya una verdadera participación mayoritaria e incluyente de todos los sectores de la población interesados en hacer negocios con el Gobierno y del resto de la sociedad que recibirá los beneficios de esas obras. “Esta organización considera de suma importancia tomar en cuenta que el mecanismo de licitación pública incentiva la participación de muchas empresas y que podría generar ahorros importantes para el Estado”, dijo Aramburú.
En los primeros cinco días del mes de agosto la actual administración de gobierno ha aprobado dos nuevas contrataciones directas del Tribunal Electoral por un monto total de 10 mil 112 dólares.
Los contratos directos, que se suman a los 12 actos excepcionales que se realizaron para el Tribunal Electoral en julio que sumaron 1 millón 136 mil 793 dólares, se realizaron en concepto del diseño eléctrico del museo de la democracia en la nueva sede del Tribunal y la instalación de dos unidades de aire.
En el sitio web de Panamá Compra se observa que en los primeros 36 días del gobierno de Juan Carlos Varela se han aprobado 33 contratos directos, casi uno por día, lo que supera en total los 2 millones de dólares.
“Este es un gobierno que criticó esas prácticas y ahora lo está haciendo, hay una especie de falta de ética. Además, 31 contrataciones por mes, una por día, es un exceso”, comentó el economista y excandidato a la presidencia Juan Jované.
“Las contrataciones directas no benefician al Estado, ya que no existe competencia entre las empresas y al no existir este fenómeno, el Estado pierde la posibilidad de encontrar un precio más bajo”, aclaró Jované.
El economista panameño Carlos Gómez coincidió con Jované y expresó que “las contrataciones directas son buenas, siempre y cuando sean competitivas en términos de costos y efectivas en términos de resultados, siendo estas más comunes y bien utilizadas en temas necesarios o urgentes”.
“En casos anteriores ha pasado que las contrataciones directas llegaban a ofrecer los servicios a allegados del gobierno”, agregó.
Este caso se puede observar en uno de los contratos directos más expuestos a crítica, concedido por el nuevo administrador general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Joseph Fidanque III, quien admitió haber contratado a la empresa Servicios Tecnológicos de Incineración STI porque pertenece a un amigo.
STI fue contratada por 80 mil dólares mensuales durante seis meses -un total de 480,000 dólares-, para que realice el servicio de recolección y transporte de la basura internacional que generan los vuelos en el principal aeropuerto capitalino, la cual está siendo trasladada hasta Colón.
Carlos Gasnell Acuña, vicepresidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, señaló que es necesario regular mejor las contrataciones directas, ya que todos los gobiernos han abusado de ellas.
“Estas contrataciones son controversiales porque muchas veces se utilizan para devolver favores políticos como donaciones recibidas en campaña o para favorecer a allegados y copartidarios”, señaló Gasnell, sumándose al criterio de los economistas.
El Idaan, el Tribunal Electoral, Tocumen S.A., Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Caja de Ahorros, la Asamblea Nacional, la Universidad de las Américas y la Empresa de Generación Eléctrica son las instituciones públicas que han realizado este tipo de actos.
