El presidente Juan Carlos Varela, desde antes de asumir el control del Gobierno, ha protagonizado eventos calificados como un atentado contra la libertad de expresión y los derechos humanos.
Los ataques de la administración Varela contra los medios de comunicación no se circunscriben solo a funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino que también involucra a instituciones autónomas como el Tribunal Electoral (TE).
Uno de estos últimos ataques contra los medios de comunicación, y específicamente contra Epasa, se descubrió el 8 de marzo de 2016, cuando los magistrados del TE emitieron un acuerdo de sala en el que ordenan correr traslado a los diarios y , así como al canal centroamericano de televisión para que realicen sus descargos sobre un proceso administrativo abierto en su contra por la supuesta infracción del Código Electoral, lo cual podría generar una multa de hasta $50 mil en contra de Grupo Epasa.
La razón esgrimida es la publicación de un extracto de una encuesta de opinión que realizó la empresa Doxa Panamá y que, según los magistrados, viola artículos del Código Electoral que exigen que toda encuesta sea inscrita en el Tribunal Electoral antes de su publicación. El Tribunal amenaza con sancionar a estos medios con multas que van desde $5,000 hasta $25 mil.
Y es que todo esto se atribuye a que Epasa ha sido un duro crítico de los excesos que ha cometido y pretendido cometer el TE, tales como nepotismo y presunto desgreño administrativo por parte de los magistrados.
Así como Epasa, también ha sido blanco de ataques y hasta exclusión de eventos en los que ha participado el resto de los canales televisivos.
Paralelo a este evento, el Estado panameño llegó a un acuerdo amistoso en marzo de este año con la empresa italiana Finmeccanica, con la cual sostenía un litigio por la compra de un paquete de radares y otros equipos. El principal vocero de este acuerdo fue el embajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido, quien anunció que explicaría el contenido del mismo en todos los medios para que la ciudadanía lo entendiera mejor. Sin embargo, cuando le pidió una entrevista a Berguido, este se la negó aduciendo que solo daría declaraciones a "medios serios".
La cadena de incidentes con los medios tuvo otro punto importante entre junio y septiembre de 2015. Uno de ellos fue el encarcelamiento del periodista y abogado Julio Miller, duro crítico de este gobierno, por haber cobrado un cheque de $20 mil a la empresa Hidalgo & Hidalgo por trabajos de imagen corporativa.
Los fuertes roces entre el Gobierno y representantes de medios de comunicación llegaron a su punto de mayor ebullición a inicios de este año, cuando el periodista Álvaro Alvarado, de , denunció que el mandatario Varela pretendía empañar su imagen, silenciarlo y sacarlo del medio periodístico para evitar sus críticas.
Datos
- Periodista atacado
- Álvaro Alvarado, de Telemetro, denunció que Varela pretendía empañar su imagen, silenciarlo y sacarlo del medio periodístico para evitar sus cuestionamientos al Gobierno.
- Analista político
- José Isabel Blandón otros de los atacado, que la campaña de difamación en contra de Alvarado y de su persona provino de directivos de TVN-Canal 2, medio de comunicación cuyo propietario es Stanley Motta, el principal donante de la campaña política de Varela.
