No sólo el director de la Policía Nacional, Rolando Mirones, se siente decepcionado porque la justicia aparentemente no alcanza a los menores de edad acusados de asesinatos, sino que la titular de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher, también dijo sentirse preocupada por la situación.
Gólcher anunció ayer que antes que finalice el mes, el Gobierno a través de su cartera, el Ministerio de Desarrollo Social y los organismos de derechos humanos darán una respuesta a los ciudadanos sobre este polémico tema.
La funcionaria, quien prefirió no adelantar detalles de ese plan, ha señalado que no está de acuerdo con aumentar las penas a los menores infractores.
La razón, reconocen que el hampa cumple con sus pactos. Si un delincuente cae preso, en minutos habrá toda una estructura velando por su condición. Incluso hay organizaciones que se preocupan porque nada le falte durante su encierro. Mientras que los familiares de la víctima quedan desamparados.
Los entrevistados coinciden en que lamentablemente se aprobó la Ley 40 sin tener todas las estructuras listas, tales como el nombramiento de fiscales, presupuesto, jueces y defensores.
Además, indicaron que se necesita una logística armónica de los entes que intervienen en este proceso, para hacer efectiva las pesquisas, ya que no cuentan ni siquiera con transporte para movilizar a los funcionarios.
Y es que los fiscales de adolescentes trabajan las 24 horas calendario, con miras de resolver los casos para que no continúe la percepción de impunidad en la comunidad.
Este es una de las quejas reiteradas de la fiscal Arosemena, quien lamentó que los centros de cumplimiento de menores después de las 4 de la tarde de los sábados, no reciben a los muchachos porque no tienen funcionarios administrativos laborando.
