El Gobierno debe buscar los recursos económicos para que la Comisión de la Verdad pueda funcionar adecuadamente, advirtió ayer el arzobispo de Panamá, José Dimas Cedeño, al tiempo que aclaró que la misma no constituye ninguna injerencia en las investigaciones que adelanta el Ministerio Público en torno a las osamentas encontradas en el antiguo cuartel de Los Pumas, en Tocumen.
"Jamás la Comisión de la Verdad se va a inmiscuir en las investigaciones que realiza el Ministerio Público, pero quiera uno o no quiera hay situaciones que tienen repercusiones políticas", adelantó Dimas Cedeño.
Explicó que todas las personas tienen igual derecho a que se encuentren los restos de sus familiares para que sean enterrados en forma digna.
Argumentó que no hay razones para que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) demande el funcionamiento de la Comisión de la Verdad, porque no va a juzgar ni suplantar funciones jurídicas.
Detalló que la función del organismo es colaborar con la justicia y no debe ser utilizado para "mal", sino para que florezca la verdad para el bien de todos, como un acto de reconciliación y paz.
"Nunca me enteré que la Asamblea Legislativa tenía como intención nombrar a los miembros de la Comisión de la Verdad, y su trabajo debe ser imparcial", enfatizó monseñor.
En tanto, el Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá "Héctor Gallego" (COFADEPA), incorporó ayer a dos personas al listado de desaparecidos y asesinados durante la dictadura militar, la señora Marta Morán, de 60 años de edad, y Félix Antonio Serrano, de 21 años, quien perteneció a la Guardia Nacional.
De acuerdo con COFADEPA, la señora Morán vivía en la "Casa de Piedra" en El Chorrillo, y de repente un día no se le vio más.
Según informes del organismo, Morán fue acribillado cuando pasaba frente al Cuartel de la Comandancia, el 3 de octubre de 1989, en el momento de la refriega contra el extinto mayor Moisés Giroldi.
Al igual que Félix Antonio Serrano, de 21 años, quien también vivía en El Chorrillo en calle 26, fue encontrado flotando en la playa de Naos completamente vestido y con sus documentos en sus ropas.
Allegados a la familia le informaron que a Serrano lo habían matado de un golpe dado con una manopla.
La familia de Serrano presentó la denuncia ante la Fiscalía y poco después recibió un mensaje del G-2, que si seguían averiguando les podía pasar lo mismo.
