La Comisión de Justicia y Paz instó al gobierno nacional a preparase con respaldo internacional para brindar una atención adecuada a las poblaciones civiles, especialmente niños, mujeres y ancianos, que están cruzando a territorio panameño, huyendo de la violencia que se vive en Colombia.
En un comunicado divulgado ayer, Justicia y Paz reconoce que el gobierno de Panamá no es responsable de la situación de violencia que se vive en Colombia ni de los desplazamientos que esto está provocando, pero si está obligada a prepararse para birndar una atención adecuada a los desplazados.
Asímimo indicó que Darién, por la situación de inseguridad que vive y por la amenaza latente con la puesta en marcha del "Plan Colombia", requiere una urgente atención, sobre todo de las instituciones gubernamentales y principalmente aquellas que les corresponde la atención de los indocumentados y desplazados.
Justicia y Paz considera que es necesario que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el tema de Refugiados (ACNUR) tenga mayor presencia en Panamá y que respalde al Gobierno.
El comunicado señala que el incidente ocurrido el pasado mes de julio en la cárcel de La Palma, donde casi cien personas indocumentadas que estaban detenidas protestaron por el hacinamiento, debe llamarnos a la reflexión sobre la capacidad que "tenemos" para afrontar una mayo afluencia de estas personas, así como para buscar soluciones a los problemas que afectan a los presos comunes en este penal.
Asimismo señala que la Comisión de Justicia y Paz, como organismo de derechos humanos de la Iglesia Católica, ha apoyado al Vicariato de Darién en la atención de la situación de los derechos humanos dxe los desplazados colombianos que vienen huyendo de la violencia de su país y en busca de protección.
Asegura que se han comunicado con las autoridades del gobierno sobre su posición sobre el tema y su firme convencimiento de que panamá debe dar atenció humanitia a estas personas, tal y como lo establecen los principios internacionales sobre la materia.
En esas comunicaciones, agrega, "nos hemos opuesto" a que estas personas sean deportadas a su país de origen sin las debidas garantías de respeto a su vida.
Sin embargo, Justicia y Paz aclara que no se debe confundir los casos de inmigrantes indocumentados que también pasan y son detenidos en Darién, con los casos de los desplazados que llegan en busca de refugio y de protección a sus vidas.
El comunicado indica que en reuniones sostenidas con las autoridades del Ministerio de Gobierno y Justciai, la Dirección de Migración y el Organismo Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR), les han solicitado mayor presencia de ellos en la zona de tal forma que se atienda debidamente la situación migratoria y de refugiados en esta región del país.
Igualmente, Justicia y Paz ha expresado sus inquietudes sobre la situación de los indocumentados en la provincia de Darién y que, por razones ya conocidas, existe el riesgo de que aumente.
Para la Comisión, esta región enfrenta muchas carencias entre las que destacan la falta de estructuras físicas y de personal técnico capacitado en asuntos migratorios y de atención a refugiados, que permitan agilizar los trámites requeridos con las personas que entran al país, sabiendo que además de los indocumentados están también aquellos que huyen de la violencia que se está dando en Combia y que, por tanto, necesitan de la atención debida que les garantice sus derechos humanos.
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