Márquez, quien representa legalmente a un grupo organizado de propietarios de derechos posesorios, consideró que si las autoridades buscan recaudar más impuestos, la titulación hará que esos terrenos entren al régimen formal de contribuyentes.
Advirtió que si por el contrario, el Gobierno decide realizar avalúos sobre las tierras en esta condición, "no terminará ni en cien años".
Señaló que si el Gobierno pretende hacer ajustes al espíritu de la Ley 23 para recaudar más dinero, entonces deberá asumir “sacrificios” en la primera etapa de titulación.
