Una denuncia criminal interpuso el Secretario Anticorrupción, Fernando Núñez, contra Julio Ross, ex administrador de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), y Eudoro Jaén, ex gerente de la Caja de Ahorros, por el presunto delito de peculado por B/ 1.5 millones en perjuicio del Estado.
La denuncia se basa en que supuestamente Ross y Jaén "retardaron y obstaculizaron" la transacción de compra venta de un terreno valorado en B/ 1.6 millones a la sociedad anónima Colon Water Frondt Properties, S.A., a pesar de que ya estaba concluido el proceso aparecido en Gaceta Oficial.
Esta sociedad representada por Gassan Salama, quien fungió como gobernador de la provincia de Colón durante la administración de la ex presidenta Mireya Moscoso, sólo pagó alrededor de B/ 164 mil a la ARI, monto que representa el 10% de la compra por el terreno de 32 mil 867 metros cuadrados ubicado en la zona Atlántica.
El proceso de compra estaba casi culminado y financiado por la Caja de Ahorros, sólo faltaba protocolizar la escritura pública y su inscripción en el Registro Público, para que la ARI reclamara el saldo pendiente que supera el millón de balboas.
Sin embargo, ambos ex funcionarios emitieron consultas "inusuales" entre junio de 2004 y 2005 para "demorar" la transacción e invalidar la carta de compra, según indicó Fábrega.
El resultado de estas consultas provocó el traspaso del terreno a Colon Water, sin que se pagara el saldo adeudado.
Actualmente este caso está en litigio en la Corte Suprema de Justicia, demandada por el Estado por B/ 32 millones, por lo que no puede disponer del terreno que sería utilizado por Colon Water para una terminal de buses en Colón.
Salud.
En tanto, el próximo jueves el ministro de Salud, Franklin Vergara, presentará una denuncia ante el Ministerio Público, por supuestos actos de corrupción cometidos en la pasada administración que ascienden a unos B/ 2.3 millones.
El jefe del Ministerio de Salud (MINSA) explicó que las lesiones patrimoniales van desde el mal manejo de las instalaciones de salud hasta el cobro por trabajos no realizados.
Las investigaciones realizadas por el MINSA arrojaron que se compraron equipos a precios elevados, de mala calidad y sin las garantías.
Las auditorías que realizaron a las ONG también detectaron que estos organismos cobraron por servicio que nunca ofrecieron.
En el caso particular de las ONG, la gran mayoría trabajaba con préstamos que hace la banca mundial y que son dirigidos a poblados indígenas.
El titular de Salud dijo que tiene pruebas que usará para acusar directamente a ex funcionarios del MINSA que, aparentemente, están implicados en las irregularidades.
Educación.
Por su parte, el Ministerio de Educación presentó más de 5 denuncias por delitos contra la administración pública por varios millones de balboas, informó José Herrera, director de Asesoría Legal de esta entidad.
Contrataciones directas, órdenes de proceder sin el refrendo de la Contraloría de la República, cartas para adelantos de pagos y solicitud de urgencia notoria para proyectos de escuelas que no existían fueron algunas de las irregularidades detectadas a nivel nacional.
El equipo de asesores no cuantificó el número de empresas ni el monto económico del delito cometido, pero afirmó que se trata de irregularidades que pueden ser sancionadas por el Código Penal porque se incumplió la Ley de Contratación Pública.
Los abogados agregaron que incluso se realizaron mejoras a áreas administrativas y cuando se verificaba el contrato el visto bueno era para trabajos de infraestructuras en colegios.
