El Gobierno espera que los proyectos de ley que pretenden incrementar las medidas contra el blanqueo de activos y amplía la lista de delitos que participan en el lavado de dinero sean aprobados antes del 4 de octubre, pero no puede "empujar" a los legisladores a ratificar algo con lo cual no están de acuerdo, afirmó ayer el vicecanciller de la República, Harmodio Arias.
Arias se negó a expresar qué consecuencias podría traer al país que estos proyectos de ley no sean aprobados antes del 4 de octubre, fecha de la próxima reunión del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo internacional que ubicó a Panamá en una "lista negra" de naciones que no cooperan en la lucha contra el lavado de activos.
Dijo que el Ejecutivo presentó los proyectos de ley ante el pleno de la Asamblea Legislativa y que espera que los mismos sean aprobados, pero no puede obligar a los legisladores a que lo hagan.
Destacó además que el GAFI y demás organismos internacionales tienen conocimiento de que en un régimen democrático como el panameño, la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo trabajan de forma independiente.
Con respecto a las críticas hechas por la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, el sector bancario y otros, expresó que él no pretende entrar en contradicción con ellos, pero afirmó que los comerciantes honestos y responsables no deben temer a los proyectos de ley propuestos.
Mientras que el legislador Rubén Arosemena, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, afirmó que hay que andar con cuidado en esta materia porque no puede ser que por "coger los huevos, matemos a la gallina de oro".
Arosemena dijo que hay que tener presente que la economía panameña tiene algunos pilares diferentes a los de otros países, aquí hay una Zona Libre de Colón y un centro financiero, así como otros "nichos" que no pueden ser afectados por una ley.
El legislador señaló que como presidente de la Comisión pretende ampliar las consultas y conocer lo que piensan los diversos gremios, organizaciones y sectores que sienten que podrían verse afectados por una modificación o ampliación de las leyes vigentes en contra del lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Añadió que la Comisión de Drogas y la de Gobierno de la Asamblea Legislativa pretenden fusionarse para discutir en primer debate los dos proyectos presentados por el Ejecutivo.
