Panamá está obligado a acatar la resolución enviada este lunes por la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la que se pide el cierre del centro penal transitorio de Punta Coco, así como la adopción "urgente" de medidas cautelares para los 6 recluidos allí.
Según el abogado Félix Humberto Paz, experto en derechos humanos, esta solicitud es de obligatorio cumplimiento, en virtud de los acuerdos firmados por Panamá ante la OEA.
Citó como ejemplo la resolución similar que envió la Comisión Interamericana a Estados Unidos, sobre el cierre del centro penal de Guantánamo.
"Y el presidente más poderoso del mundo, Barack Obama, ha accedido al informe del cierre de Guantánamo", señaló Paz.
Pero, el presidente Juan Carlos Varela y las autoridades de seguridad del país defienden la continuidad de este centro, bajo la excusa de ser usado para limitar la comunicación de detenidos de alto perfil.
"Pero, realmente es un centro penal de tortura", denunció el abogado.
Un informe de la Defensoría del Pueblo ya advertía de irregularidades en el penal, como aislamiento, impedimento de visitas, limitaciones para controles de inspección, falta de atención médica, entre otros.
Debido a esto, la resolución enviada a Panamá por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su página 10, sostiene que "el Estado debe ubicar de inmediato a las personas actualmente detenidas en el centro de detención transitorio de Punta Coco, en un lugar que cumpla con los estándares aplicables para las personas privadas de libertad".
Exige también que se "hagan cesar las medidas de aislamiento en las que se encuentran" los seis privados de libertad confinados a este lugar.
En caso de que Panamá ignore la solicitud de la OEA, "aquellas personas podrían demandar al Estado", advirtió el abogado Guillermo Cochez, exembajador de Panamá ante la OEA.
Reiteró que en el penal de Punta Coco se da "violación de los derechos humanos", y siendo Panamá signatario de acuerdos sobre respeto a estos derechos, "debe cumplir con esta recomendación del organismo internacional".
Los primeros detenidos fueron enviados a esta instalación, ubicada en una base aeronaval, en junio del año pasado.
Tensiones
- Defensora
- La petición de la defensora del pueblo, Lilia Herrera, de clausurar la cárcel de Punta Coco, ubicada en la Isla del Rey, en el archipiélago de las Perlas, abrió una fuerte disputa entre la funcionaria nombrada en la administración pasada y el presidente Juan Carlos Varela.
- Diferencias
- El mandatario contestó en tono molesto: "A mí me gustaría que la señora defensora se tomara el tiempo, así como se lo tomó para ir a Punta Coco, para ver una instalación digna, con excelentes facilidades y de primer mundo, lo hiciera para averiguar qué pasó el día sábado (julio de 2015) en un sector de la capital. Cuando averigüe eso, va a entender un poco más las decisiones que toma este Gobierno".
- Travesía
- Los familiares de los detenidos narraron la odisea que viven para visitarlos.
