Gobierno intenta frenar el crimen

Representantes de siete instituciones estatales deberán entregar a la presidenta Mireya Moscoso recomendaciones que permitan elaborar políticas contra el crimen. La responsabilidad quedó consignada en un decreto ejecutivo, publicado ayer, en el que se anuncia la instalación de una Comisión Intersectorial de Alto Nivel.
La decisión del Ejecutivo surge por el aumento del delito y la actividad criminal en los últimos años, lo que pone en peligro la seguridad ciudadana.
Precisa el decreto que la comisión estará integrada por el principal o un representante del Ministerio de Gobierno, la Asamblea Legislativa, el procurador y el director de la Policía Técnica Judicial.
El director del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá y el del Sistema Penitenciario también formarán parte del grupo. En un plazo de 90 días, la comisión deberá rendir un informe del estudio de la situación a la presidenta Mireya Moscoso.
La iniciativa del Ejecutivo tiene como antecedente la Primera Jornada Científica Nacional sobre Criminalidad y Seguridad Ciudadana que se celebró el año pasado en la Universidad de Panamá, de la que surgió la solicitud al Gobierno de integrar un grupo especial.
Se explica que del encuentro trascendió que la actividad criminal y la seguridad ciudadana son temas que deben ser abordados desde ángulos diversos que incluyan perspectivas científicas, sociológicas y legales.
Los empleados recibirán el salario regular hasta la fecha de terminación del contrato; el decimotercer mes proporcional hasta la fecha que trabajen y las vacaciones acumuladas. Además de la prima de antigüedad y a este total se le sumará el equivalente a las indemnizaciones
Igualmente se le sumará un recargo de 50% más sobre la indemnización y se les otorgará cinco meses de salario adicional. Refinería Panamá reconocerá otro recargo adicional sobre la suma total que resulte de los pagos anteriormente señalados ( prima de antigüedad, indemnizaciones, recargo del 50% y cinco meses de salario) de acuerdo a la edad del trabajador.
No obstante, el sindicato de la empresa ha informado en repetidas ocasiones que no aceptan este paquete de indemnización.
"La negociación con el gobierno no incluía abrir el paquete a discusión con los trabajadores, sino asegurarse que los empleados se verían beneficiados con la indemnización por arriba de lo que exige la ley", puntualizó.
Recalcó que esta no es una imposición de Refinería Panamá, sino el resultado de una negociación que duró dos años, la cual liderizó el ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome por el lado del gobierno.