Desde el mes de junio de 2016, los representantes legales del Grupo Editorial Panamá América S.A. (Epasa) han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el interés del gobierno de Juan Carlos Varela por armar expedientes falsos para cerrarlo, ante publicaciones que revelan escándalos de corrupción en su gestión.
En su nota, en la que reafirma la solicitud de una medida cautelar de la CIDH contra el Gobierno por atentar contra la libertad de expresión, el presidente de Epasa, Ricardo Chanis, detalló que cuando la hoy procuradora general de la nación, Kenia Porcell, trabajó en el Consejo de Seguridad, "investigó" y "armó" un expediente en contra de Epasa con fines políticos.
Luego, al pasar a la procuraduría, se llevó consigo este expediente, que ahora podría ser activado, tras el enojo del presidente del Partido Panameñista, José Luis Varela, por publicaciones que vinculan a su cuñada con una de las sociedades que, presuntamente, recibieron dinero de Odebrecht.
Sin embargo, detrás de ese interés por entorpecer la labor informativa de Epasa, se percibe un trasfondo que podría ir dirigido a la adquisición de los periódicos que publica por parte de empresarios afines a la actual administración gubernamental.
El secretario general del Sindicato de Periodistas, Filemón Medina, comparte esta percepción, al igual como se ha comentado que podría ocurrir con los periódicos del Grupo Gese (La Estrella de Panamá y El Siglo), cuyo funcionamiento todavía depende de una licencia otorgada por la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos (Ofac), que mantiene a su propietario en la Lista Clinton.
Sobre las amenazas que ha recibido Grupo Epasa, el dirigente del Sindicato de Periodistas aseguró que todo medio de comunicación y empresario tiene el derecho de recurrir a la justicia cuando considere que sus derechos están siendo vulnerados.
"Si la Editora Panamá América cree que están violando sus derechos, están en todo su derecho de recurrir a las instancias nacionales e internacionales para interponer los recursos para garantizar que se respeten los derechos", sostuvo.
Desesperación
La diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Zulay Rodríguez cree que este nuevo ataque contra Epasa no es más que una desesperación del Gobierno porque se están revelando situaciones que no les favorecen.
"La desesperación de los panameñistas es evidente, no quieren que se sepa la verdad sobre los $50 millones por eso atacan a Epasa", comentó.
La perredista hace alusión a los fondos que, supuestamente, movilizó la empresa Active Capital Holding, en la que figura la cuñada de José Luis Varela, como accionista, y de la cual el Gobierno de Suiza pidió información a las autoridades del Ministerio Público de Panamá.
El diputado panameñista Jorge Iván Arrocha, en el periodo de incidencia del martes 31 de enero y miércoles 1 de febrero de la sesión de la Asamblea Nacional, pidió a la procuradora Kenia Porcell que investigue la adquisición de Epasa, denunciando que hubo sobornos.
El presidente del Grupo Epasa, Ricardo Chanis, manifestó ante la CIDH que para 'armar' una investigación de este tipo se necesita un órgano de inteligencia como el Consejo de Seguridad.
En su momento, el Ministerio Público anunció que no existía ninguna investigación contra Epasa, después de un comentario que realizara el presidente Varela en dicho sentido.
