El ministro de la Presidencia, Olmedo Miranda, responsabilizó ayer a sus homólogos de los diferentes ministerios por la ola de despidos de miembros de los partidos Solidaridad y Liberal Nacional en el gobierno.
Mientras que la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) efectuó ayer un piqueteo frente a las oficinas de Carrera Administrativa y advirtió que podría decretar un paro de labores de continuar los despidos en las instituciones estatales.
Miranda rechazó igualmente que haya elaborado una enorme "lista negra" de empleados públicos que serán destituidos mañana, viernes 30 de julio.
No obstante, restó importancia a un posible llamado a huelga hecho por la FENASEP debido a la existencia de supuestas "destituciones masivas".
"Yo no conozco de ninguna ola de despidos", sino de las insubsistencias en cargos de alta jerarquía o de confianza, así como de las renuncias del ministro de Comercio, Raúl Hernández, y del viceministro de Educación, Héctor Peñalba, como consecuencia de la ruptura de los partidos Solidaridad y Liberal Nacional con el gobierno", destacó.
Sobre las declaraciones del secretario general de la FENASEP, Leandro Avila, en que lo responsabiliza de estas destituciones, Miranda respondió que "sólo ha prescindido" del director de Registro Público, la jefa del Departamento de Compras y un auditor de alta jerarquía que eran liberales y trabajaban en el Ministerio de la Presidencia.
"No conozco a Leandro Avila y sólo lo vi cuando vino a la Presidencia a hacer algunas peticiones durante la campaña de la reelección presidencial", subrayó.
Indicó que en el Ministerio de la Presidencia hay 1,280 funcionarios, y sólo han quedado vacantes cuatro posiciones, lo cual no puede calificarse como despidos masivos.
Por otra parte, el dirigente de los trabajadores del Ministerio de Comercio, Nelson Solís, denunció que continúan las destituciones en esta institución, lo que ha creado un ambiente de "inestabilidad y desasosiego" entre los empleados.
Señaló que incluso miembros del Partido Revolucionario Democrático están siendo destituidos, entre ellos, un trabajador de más de 15 años de servicio.
"En el Ministerio de Comercio se vive un ambiente de miedo porque están esperando con sus cheques de la quincena un regalo de cumpleaños", subrayó Solís.
Recalcó que los trabajadores se han declarado en "estado de alerta" y están dispuestos a hacer cualquier cosa para defender sus derechos.
"Realizaremos todas las medidas de fuerza que sean necesarias por defender la institucionalidad de la Ley de Carrera Administrativa, sin importar las consecuencias", argumentó.
Puntualizó que no se puede permitir que se siente otro precedente funesto porque a los servidores públicos se les exige, pero jamás se les hace un aumento salarial.
"Tenemos más de 5 años de estar esperando la Ley General de Salarios y ni siquiera existe un anteproyecto", afirmó Solís.
Por su parte, la presidenta electa, Mireya Moscoso, manifestó que a pesar del precedente que ha marcado el presidente Ernesto Pérez Balladares, los trabajadores públicos pueden estar tranquilos porque no serán destituidos.
En tanto, la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher estimó que la destitución de los funcionarios protegidos por la Ley de Carrera Administrativa es ilegal, pero que sería necesario analizar cada caso en particular para determinar las circunstancias.
Reveló que hasta la fecha su despacho no ha recibido ninguna denuncia o queja sobre destituciones masivas dentro del sector público y que sin evidencias concretas es muy difícil poder brindar una opinión.
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