El ministro de Trabajo, Reynaldo Rivera, rechazó que el Gobierno contemple hacer reformas a la Ley Orgánica del Canal para restarle derechos a los trabajadores de la vía acuática, aunque dejó entrever la existencia de un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que plantea esta posibilidad..
"Pueden estar tranquilos", enfatizó Rivera, al tiempo que aseguró que el Gobierno ha dado muestras de ser "serio" en el manejo del tema canalero y de las conquistas de los trabajadores de la vía.
Rivera dijo que desconoce de dónde los empleados canaleros han sacado la idea de que el Canal será privatizado y de que esa medida les disminuiría sus derechos laborales.
"No sé de dónde los obreros han sacado la idea de que el Canal será privatizado, porque el Gobierno Nacional no lo ha contemplado", acotó.
Puntualizó que el Gobierno se siente satisfecho con el trabajo que realizan los trabajadores panameños del Canal, que en la actualidad suman el 90% del total de esta fuerza laboral.
Recordó que el Canal es un patrimonio de la nación, que seguirá siendo una vía pacífica a servicio de la comunidad marítima internacional cuando revierta a Panamá.
Los trabajadores de la vía acuática se declararon en "estado de alerta", ante lo que calificaron como la posibilidad de que el Gobierno panameño privatice el Canal.
Según el vocero de la Coalición de Trabajadores del Canal, Orlando Díaz, la Ley de la Autoridad del Canal deja abierta la posibilidad de que la operación de la vía sea privatizada, lo que constituye una amenaza a la estabilidad laboral y a la eficiencia y seguridad del Canal.
Denunció que un Canal manejado bajo un criterio estrictamente mercantilista, donde el costo es lo más importante y no la eficiencia, no representa los mejores intereses del país.
"Varias acciones de la actual administración al parecer van encaminadas hacia la privatización de la vía acuática y no lo permitiremos", sentenció Díaz.
Explicó que la reducción de la fuerza laboral, la propuesta de reducir los salarios a los nuevos aprendices, la terminación anticipada de empleados laborales y el deseo de modificar la legislación para limitar la responsabilidad o pago por accidentes, son aspectos que desmejoran la eficiencia de la vía.
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