El Gobierno no derogará ni decretará una moratoria a la ley que reformó el Código Minero, a pesar de la solicitud de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de otras organizaciones civiles del país.
El ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, manifestó ayer que no se pueden atender todas las críticas que han hecho estas organizaciones internacionales, las cuales piden que se deje sin efecto el documento.
“No podemos complacer ni atender a cada una de las instituciones internacionales ambientalistas que se pronuncia al respecto, porque el arcoíris de opiniones y posiciones sobre este tema es demasiado amplio”, expresó Henríquez, al ser cuestionado por Panamá Américadurante una conferencia de prensa en la Presidencia de la República.
Sustentó que la decisión se basó en “regular y normar un sector que ya existe, donde hay explotación de minería metálica y no metálica”.
A juicio del funcionario, se atendieron las inquietudes que tenían todos los sectores durante una semana en la Asamblea Nacional, sin embargo, la FIDH consideró “alarmantes” las condiciones en que se discutió el proyecto.
La presidenta de la FIDH, Souhayr Belhassen, advirtió desde Francia de las “graves consecuencias ambientales” y de la “ausencia de consulta” durante la elaboración de la propuesta.
Promesa sin papel.
Henríquez afirmó que no desarrollará ninguna explotación minera en las comarcas indígenas ni en Cerro Colorado en los tres años y medio que restan de gobierno, pero que este sector de la población tendrá que confiar en este compromiso, porque no se incluirá en el Código.
Manifestó que sería "ilegal" colocar en la norma que no se explotará un punto específico.
Esta aclaración se da, luego de que el Gobierno dijo, a través de un comunicado de prensa, que no habría explotación en estas áreas "salvo que lo pidan las autoridades comarcales".
Para el japonés Jorge Matsufuji, la reforma es "buena" si se obliga a las empresas a sembrar árboles, de lo contrario, se dejará "tierra lavada y erosionada" a las futuras generaciones.
Instó a las autoridades a solicitar ayuda a las Naciones Unidas para las zonas indígenas, antes de que se realicen las explotaciones mineras.
Pese al anuncio del Gobierno, las protestas continúan hoy.
