La presidenta de la República, Mireya Moscoso, informó ayer que un incremento en la tarifa del servicio de electricidad no podrá evitarse, pues "durante la privatización con el pasado Gobierno se estableció un aumento escalonado".
Moscoso aseguró que se desarrollan conversaciones sobre el aumento en la tarifa de leectricidad y la extinción del plan básico de telefonía, para encontrar alternativas que permitan evitar el encarecimiento de estos servicios públicos.
No obstante, consideró que evitar un incremento en la tarifa del servicio eléctrico es más difícil. "Nosotros pudimos pararlo para este año, pero para el próximo año hay aumento, que se hizo compromiso con la privatización", aseguró.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, solicitó ayer a la empresa telefónica Cable & Wireless un informe sobre el programado aumento del costo del plan básico de telefonía, que de producirse constituiría una violación al derecho al acceso a los servicios públicos, establecido en la Constitución Política de la República.
Ante el anuncio hecho por directivos de Cable & Wireless sobre la extinción del plan básico de telefonía que utilizan unos 80 mil usuarios en todo el país, Tejada compartió la preocupación de la ciudadana frente al tema.
La Defensoría del Pueblo ya había remitido una nota de rechazo a la medida ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP) en nota enviada el pasado 16 de septiembre de 2003.
De igual forma, en esa misma fecha, la Defensoría del Pueblo admitió la queja interpuesta por el señor Abdiel Patiño por la presunta violación al derecho de acceso a los servicios públicos y a una facturación de acuerdo con los precios y tarifas vigentes sobre la base de su consumo real.
La queja se fundamenta en el anuncio de la empresa telefónica de realizar un aumento en la tarifa del plan básico de B/ 6.27 a B/11.95 mensuales, a partir del 1 de enero próximo.
Tejada precisó tanto a las autoridades como a los directivos de la empresa que existen principios constitucionales que hacen referencia al interés o bienestar social que debe primar al momento de concesionar y prestar los servicios públicos.
Por lo que, aseguró Tejada, la empresa Cable & Wireless debe adoptar medidas que permitan el acceso al servicio telefónico de la mayoría, así como honrar la obligación constitucional de contribuir al financiamiento de esquemas de cobertura social y rural de forma equitativa.
