Los servidores públicos despedidos por la Ley 25 de 1990 realizaron una protesta frente al Ministerio de Relaciones Exteriores para exigir que se cumpla con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Manriquez Mejía, vocero del movimiento, señaló que el gobierno no ha cumplido con el nombramiento de la comisión que debe preparar el trámite para cumplir con la condena de la CIDH de 2001.
"Ya han muerto 12 compañeros y pareciera que el gobierno espera que no quede ninguno para cumplir con su obligación", indicó Mejía.
Además, manifestó que no se les ha devuelto el impuesto sobre la renta que fue deducido en el primer pago que se hizo en cumplimiento de la sentencia.
El Estado panameño tiene hasta el 1 de abril para rendir un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que detalle el avance del cumplimiento de la sentencia emitida por ese organismo.
El informe fue solicitado por Pablo Saavedra Alessandri, a través de una nota enviada al canciller Samuel Lewis Navarro.
También se solicitó que se informe sobre el pago de indemnizaciones, el reintegro a sus puestos de trabajo y el pago de intereses moratorios generados.
Mejía recordó que Panamá es Estado Parte en la Convención Americana desde el 22 de junio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana el 9 de marzo de 1990, por lo cual está obligado a cumplir con los pagos.
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