El Gobierno de Panamá solicitó ayer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desestime el reclamo formulado por un grupo de 270 empleados públicos que fueron despedidos hace casi una década, luego de acusarlos de estar involucrados en una fallida sublevación policial.
Simultáneamente, el representante del Gobierno panameño, Jorge Federico Lee, negó las versiones sobre la intención del Gobierno panameño de negociar con los sindicalistas un acuerdo que ponga fin a la disputa legal.
"Enfáticamente, puedo decir que no hay ninguna negociación. Esperaremos la sentencia", dijo Lee a los periodistas.
El pedido para que se desestime el reclamo laboral se produjo en el último día de audiencias públicas ante el tribunal interamericano referente a la demanda entablada por los trabajadores contra el Estado panameño.
En las audiencias de hoy se presentaron los alegatos de un pleito cuya sentencia debe tardar hasta un año más en expedirse.
La audiencia tiene ribetes inéditos en la historia de la Corte, con sede en Costa Rica, que deberá dirimir un asunto sin paralelos en contraste a otros casos, usualmente relacionados a delitos políticos como torturas y desapariciones.
El representante del Gobierno panameño, Jorge Lee, reiteradamente recordó los hechos ocurridos entre los días 4 y 5 de diciembre de 1990, cuando coincidieron el alzamiento policial encabezado por el hoy retirado coronel Eduardo Herrera y la ola de protestas de los sindicatos estatales.
"Hubo un intento de golpe de Estado en conjunto con la conspiración de los dirigentes sindicales", dijo Lee.
Tras el fracaso del alzamiento, el Gobierno del entonces presidente Guillermo Endara ordenó el despido de los obreros, luego que la legislatura aprobó una ley con ese fin.
Pero la acusadora Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó esa decisión como una de "las arbitrariedades más enconadas que se hayan registrado en la historia del sistema interamericano de derechos humanos".
El representante de la Comisión, Carlos Ayala, declaró que hasta ahora no se ha probado vínculo alguno entre los dos hechos.
"El Gobierno simplemente los destituyó", dijo el abogado venezolano. El elemento central de la acusación se centró en que la ley se aprobó para castigar en forma retroactiva a los trabajadores, contraviniendo las leyes panameños y la convención americana de derechos humanos.
Aludiendo a la ley, Ayala indicó que fue solamente "el ropaje legal con que se justificaron los despidos". Esa ley "los juzgó y condenó", subrayó.
En caso de una condena contra Panamá, los obreros exigen como reparación desde el reintegro a sus puestos y el pago de sus salarios caídos después de 10 años.
Panamá consideró como "impertinente" el reclamo de la Comisión y sostuvo que la ley fue una mera medida administrativa para enfrentar una amenaza al régimen democrático, según Lee.
