El Gobierno Nacional está destituyendo a gran cantidad de funcionarios sin respetar sus derechos laborales como son las vacaciones, denunció ayer la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher. La funcionaria precisó que las vacaciones es un derecho adquirido que nadie puede irrespetar ni obviar, aunque la persona ya no pertenezca a la estructura institucional por cualquier razón.
Sostuvo que aunque haya sido destituido por causas justificadas o no, o presente su renuncia, el Estado debe respetar el pago de las vacaciones, tal como lo establece la Ley de Carrera Administrativa. Puntualizó que procedió a enviar a las instituciones el memorándum de la Contraloría de la República y de la Procuraduría de la Administración haciendo la advertencia de la ilegalidad de la medida.
Indicó que los casos se han registrado en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Caja de Seguro Social (CSS) e instituciones autónomas. "Nadie puede ser sacado de la planilla del Estado antes de habérsele pagado todas sus vacaciones", sustentó Montenegro de Fletcher.
Reconoció que el Estado puede ser objeto de demanda en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, no obstante, es un proceso que toma demasiado tiempo y no es justo. "Todos los empleados tienen derecho a recibir estos ingresos y no se debe aplicar esta medida", sentenció. Según cifras estadísticas de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), la actual administración ha despedido a más de 16 mil empleados.
La Fundación Mar del Sur es una organización creada con fondos del presupuesto nacional y donaciones recaudadas a nivel local y en el extranjero con el fin de llevar a cabo varias inversiones, principalmente en el sector salud, explicó.
La construcción del Hospital Materno Infantil se llevará a cabo en seis hectáreas, ubicadas a orillas de la carretera Interamericana, próximas al Hospital Regional Rafael Hernández, que fueron comprados por un grupo de empresarios de la provincia de Chiriquí al Banco Nacional de Panamá.
El nosocomio dispondrá de 350 camas, médicos generales especialistas y tecnología. La construcción tendrá un costo aproximado de 20 millones de balboas y el equipamiento se estima en más de 8 millones.
La empresa ganadora sólo se encargará de edificar y equipar la estructura, pues el patronato del HJDO dispondrá de la administración. En agosto del 2001 la mandataria Mireya Moscoso colocó la primera piedra de la obra.
Gobierno no paga vacaciones a funcionarios destituidos
La Procuradora de la Administración aseguró que el Estado puede ser objeto de demandas laborales.
