La tragedia que se registró el pasado 9 de enero en el Centro de Cumplimiento de Menores dejó un marcado descontento en la ciudadanía panameña.
La última encuesta, que realizó la firma Ipsos Public Affairs para Panamá Américay Corporación Medcom, reveló que el 80% de los panameños calificó de malo o pésimo el papel del Gobierno y de las autoridades judiciales en investigar y encontrar culpables de la tragedia que dejó cinco menores muertos. Solo el 4% lo calificó de excelente; el 14% no lo calificó y un 2% no respondió.
El estudio, que se aplicó del 4 al 7 de febrero de 2011 a mil 200 personas, arrojó también que el 82% evaluó de mala o pésima la velocidad con que el Ministerio Público lleva las investigaciones. El 4% dijo que la celeridad es excelente o buena y el 14% no la calificó.
La encuesta, que tiene un margen de error de más/menos 2.8, detalló que el 77% de los consultados calificó como pésima o mala las medidas preventivas que están tomando las autoridades y el Gobierno para evitar que una situación, como la vivida en el Centro de Cumplimiento de Menores, se repita. El 4% dice que son buenas; mientras que el 16% no la calificó y el 3% no respondió.
Como responsables de la tragedia, el 19% de los entrevistados señaló a la directora del Centro de Cumplimiento de Menores. Un 17% consideró que la Policía Nacional tiene la responsabilidad; un 13% que los custodios; y un 7% dice que es el presidente de la República, Ricardo Martinelli.
A raíz de la tragedia el 9 de enero, la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, anunció ayer la reapertura de la Academia de Formación Penitenciaria, que se encargará de la capacitación del personal que manejará las cárceles.
Méndez reveló, además, que se han tomado medidas como la separación del cargo de la jefa y custodios del Centro de Cumplimiento, con el fin de colaborar en las investigaciones. Además, anunció que se realizarán una serie de acciones para cambiar el sistema, como la de cambiar la figura de custodios a agentes de vigilancia y rehabilitación.
Nora de Sánchez, abogada de los menores quemados, dijo que los familiares de los jóvenes se sienten decepcionados del Gobierno, porque no se ha presentado a dar apoyo a los sobrevivientes.
La abogada manifestó que no está conforme con la velocidad con la que la Fiscalía Primera Superior lleva las investigaciones, aunque advirtió que la ciudadanía debe ser consciente de que se trata de un caso en el que están vinculadas demasiadas personas.
