El ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, aclaró que el gobierno no puede cancelar de un día para otro los contratos firmados con algunas compañías que se dedican a la extracción de cascajo y piedras de diversos ríos del país, porque hay que darle estabilidad y seguridad jurídica a la inversión privada.
Moradores del corregimiento de Pacora, denunciaron que las autoridades del Ministerio de Comeorcio, no han acogido la palabra de la presidenta de la República, Mireya Moscoso, quien anunció que iba a suspender la extracción de cascajo del río Pacora.
Sin embargo, ante estas denuncias, el titular de Comercio, aclaró hay que respetar los contratos firmados y que aún tienen vigencia, para que el país pueda progresar y crear nuevas fuentes de empleo, por lo que no podemos suspender los contratos vigentes.
Explicó, que en estos momentos, el Ministerio de Comercio envió a la mandataria, una resolución ejecutiva, que declara la reserva minera en cinco ríos importantes, como lo son el río Pacora, el Mamoní, el río La Villa, el Santamaría y el Chagres, razón por la cual no se darán nuevas concesiones.
Jácome, detalló que el Ministerio junto a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), están velando para que las compañías que tienen concesiones o autorizaciones del Estado para seguir extrayendo cascajo, cumplan con las medidas de preservación que establecen los estudios de impacto ambiental, aseguró que cuando a estas compañías se les venzan los contratos, no serán renovados, medida que calificó "como una medida de gran impacto que se ha querido desvirtuar".
El funcionario quien rehusó hablar de las empresas que tienen contratos vigentes, señaló que hay algunos permisos que se vencen este mes o el otro.
Sin embargo, María Eugenia de Guardia, vocera de los moradores del corregimiento de Pacora, denunció que la empresa Shahaní, a través de empresas con distintas razones sociales sigue extrayendo cascajo del río Pacora y que algunas de esas concesiones aún le quedan varios años de vigencia.
Por esta razón, están solicitando a la mandataria, que suspenda inmediatamente, las concesiones otorgadas a ellas y a otras empresas dedicadas a la industria de la construcción.