El viceministro de Finanzas, Eduardo Quirós, anunció ayer que el Gobierno Nacional pagará a los trabajadores despedidos con la Ley 25 de diciembre de 1990, más de 810 mil balboas que corresponden a la partida al que tienen derecho en virtud del fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La decisión del Ejecutivo se conoció luego que un grupo representativo de los 270 trabajadores afectados por esta ley, trancó momentáneamente la avenida Perú frente a las instalaciones del antiguo Ministerio de Hacienda y Tesoro, lo que motivó la participación de los Unidad de Control de Multitudes, quienes lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. A raíz de la intervención policial, diez manifestantes resultaron arrestados y llevados a la corregiduría de Calidonia, situación que llevó a los demás compañeros de protesta a mantenerse en los predios hasta que fueran recibidos por el viceministro Quirós.
El funcionario destacó la forma en que el Gobierno hará frente a los otros compromisos que tiene el Estado con estos trabajadores, entre los cuales incluye el pago de una segunda y tercera entrega, adicional al pago de una suma en concepto de indemnización y salarios caídos, que deben ser determinados por la legislación nacional. Quirós aseguró que el Gobierno trabaja desde el mes de febrero para hacerle frente al compromiso con los trabajadores, por lo que esta decisión no fue producto de la acción de fuerza realizada por los destituidos.
Al término de una reunión en la que participaron Manrique Mejía, Estebana Nash y otro dirigentes de los trabajadores, el viceministro Quirós, reveló que el Gobierno Nacional se comprometió a hacer el primer pago por tres mil balboas en concepto de "daños morales" a cada uno de los afectados en la última semana del presente mes o la primera de agosto.
Por su parte Mejía, informó que los trabajadores afectados llegaron en forma pacífica hasta las instalaciones del Viceministerio de Finanzas, para reclamar que el Gobierno estaba en desacato en el cumplimiento del fallo emitido por la CIDH de la OEA. Denunció que los policías antimotines hicieron gala de un exceso de fuerza al tratar de normalizar la situación en los predios de la Avenida Perú, aunque aclaró que no se trata de aceptar una prórroga, sino reclamar que el Gobierno está incumpliendo con el fallo de la CIDH.
