La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, advirtió ayer que si continúan los despidos injustificados de servidores públicos, el gobierno podría ser objeto de una demanda que lo obligaría a pagar sumas cuantiosas en concepto de salarios caídos.
"Le hago un llamado a la actual administración para que se cumplan las leyes, sobre todo la Ley de Carrera Administrativa, porque existe el precedente de algunos empleados públicos injustamente destituidos que presentan demandan que son falladas a su favor", acotó.
Precisó que no se puede destituir a los funcionarios sin que exista una causa justificada, más cuando están amparados por la Carrera Administrativa.
Sostuvo que lo más probable es que la Corte Suprema de Justicia falle a favor del reintegro y se les tenga que pagar sus salarios caídos.
"En aquellos casos en que se ha violado la ley, no está de más efectuar las correcciones para remediar el problema", argumentó.
Destacó que los servidores que consideren que han sido destituidos injustificadamente, pueden interponer ante la Corte Suprema de Justicia los recursos que la ley les permite, por lo que instó a los altos funcionarios que han violado los derechos de los servidores a hacer los correctivos necesarios.
La procuradora informó que en los próximos días emitirá un pronunciamiento sobre el tema de los despidos injustificados.
En días pasados, el secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Leandro Avila, denunció que el 90% de las destituciones de los funcionarios son ilegales.