Ciudad de México - En momentos en que el presidente Jorge Batlle de Uruguay, empezó a dar respuesta al tema del destino de los desaparecidos bajo la dictadura militar que gobernó ese país entre 1973 y 1985, una madre mexicana parece decidida a forzar al gobierno de México a adoptar una actitud parecida con respecto a los desaparecidos políticos de los setenta y ochenta.
A los 73 años de edad y con un cuarto de siglo de lucha a cuestas, Rosario Ibarra promete relanzar al Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, conocido como Comité Eureka, mediante nuevas gestiones ante la justicia que podrían incluir una denuncia penal en el extranjero.
Ayer se cumplieron 25 años de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, hija de Rosario y miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Hasta donde se pudo saber, Piedra Ibarra fue secuestrado por agentes policiacos en Monterrey y conducido después, de acuerdo con algunos testimonios, al Campo Militar Número Uno en la Ciudad de México.
Las respuestas de las autoridades, inclusive de dos presidentes, fue negar de que existan personas "desaparecidas" en México, una respuesta semejante a la de la dictadura en Panamá, cada vez que los militares encarcelaban, o algo peor, sin proceso legal.
En un artículo marcando este aniversario, Pascal Beltrán del Río, director de noticias del semanario Proceso, publica una entrevista con la activista política y señala cómo la búsqueda de su hijo cambió totalmente la vida de quien hasta entonces había sido ama de casa en el seno de una apacible familia de Monterrey.
"La que condujo será dos veces aspirante a la Presidencia, dos veces diputada federal, candidata al Premio Nobel de la Paz, y, como punto de partida de esa nueva vida, fundadora del Comité Eureka".
Beltrán del Río anota que "el destino de varios centenares de personas secuestradas por agentes gubernamentales entre 1971 y 1978, principalmente, sigue sin aclararse a satisfacción de sus familiares.".
Sin embargo destaca que en el México de hoy "el fenómeno de las desapariciones aparece más vinculado con el narcotráfico, y con el combate a ese comercio ilegal, que con el activismo político de oposición. No en vano el acuñamiento del término narcodesaparecidos".
La nota destaca de que, a diferencia de lo ocurrido en Argentina, Chile y Uruguay, donde hay desaparecidos, en México, "no buscamos cadáveres", le dijo la Sra. Ibarra.
"Las 148 "apariciones" que se atribuye el Comité, nos dieron un enorme aliento para seguir en la brega, más aún cuando esos aparecidos nos dijeron que vieron vivos a los nuestros dentro de las cárceles", manifestó a Proceso.
"Nosotros jamás hemos dicho: "Queremos sus cuerpos" Nosotros hemos dicho: ¿Dónde están? ¿Qué hicieron con ellos? Dónde los tienen?", añadió.
Desde que se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hace una década, ha sido esta la instancia estatal en que ha recaído la responsabilidad de aclarar los casos de desaparición. En el último informe anual de actividades de la Comisión, de los 521 casos que el organismo tiene registrados, correspondientes al periodo 1971-1979, sólo 94 aparecen como resueltos.
Según Rosario Ibarra, la Comisión se ha dedicado a "intimidar a los familiares de los desaparecidos, ofrecer indemnizaciones y hacer informes que dicen falsedades.
Ahora revela que entre las medidas futuras que prevé su organización está una presentación de denuncias ante las procuradurías General de la República y General de Justicia del Distrito Federal, para después recurrir a una instancia internacional de la misma manera en que lo han hecho los familiares de desaparecidos de Chile, Argentina y Guatemala.
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