Como de una persecución política calificó el secretario general del Frente Nacional Contra la Corrupción, Enrique Montenegro Diviazo, la orden de indagatoria e impedimento de salida del país ordenada por la Fiscalía Séptima de Circuito e informó que hoy presentará un segundo informe sobre actos de corrupción a lo interno de la PTJ y una petición para ejecutar una diligencia exhibitoria en el Centro para la Información y Coordinación (CIS) para determinar si allí se ejecutan escuchas telefónicas.
Montenegro dijo que presentará una recusación contra el fiscal Séptimo de Circuito, Julio Laffaurie, debido a que solicitó la práctica de 54 pruebas dentro de este proceso y todas les fueron negadas a su abogado.
Aseguró que existe una gran presión del Gobierno sobre los despachos de instrucción, en donde hay alguna denuncia en su contra.
Explicó que previamente había presentado una denuncia contra el contralor Alvin Weeden por el delito de calumnia e injuria, pero que extrañamente la querella planteada por el jefe de las finanzas públicas en su contra se movió más rápido.
Sobre los pinchazos dijo que hoy también presentará una petición al procurador José Antonio Sossa para que se ejecute una inspección ocular en el CIS que opera bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobierno y Justicia, para determinar si en ese lugar se ejecutan o no escuchas telefónicas.
A la vez explicó que pedirá una diligencia exhibitoria en los diferentes centros de operación de actividades de inteligencia, manejados por el Servicio de Protección Institucional (SPI) y el Consejo Nacional de Seguridad.
Planteó que solicitará al procurador Sossa se le entreguen copias de las fotos e intervenciones telefónicas realizadas a su persona por el Consejo de Seguridad, que fueron mostradas en la conferencia de prensa realizada en la Presidencia de la República.
Dijo que hoy hará entrega de un memorando de cuatro páginas de funcionarios de la PTJ, en donde se pone de manifiesto otra serie de actos de corrupción ocurridos a lo interno de esa institución.
Mencionó que entre los informes obtenidos de la PTJ se destaca el manejo dado a una nueva flota vehicular, que en su mayoría quedó en manos de los jefes de divisiones.
