El actual gobierno es el verdadero responsable de la lesión patrimonial que en estos momentos pudiera sufrir el Estado, tras la cancelación del sistema de riego de Tonosí.
La razón es la existencia de una fianza sobre la que aún no se ha hecho el trámite administrativo para ser cobrada.
El abogado Carlos Carrillo, quien ha estado de cerca en esta investigación, asegura que el Gobierno tuvo que hacer la reclamación de los dineros pagados por la vía administrativa, en vez de pasar a la esfera penal.
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, en declaraciones anteriores, ha señalado que la empresa Hidalgo & Hidalgo no consignó la fianza.
Sin embargo, para Carrillo, el Gobierno debió entablar, primero, una reclamación administrativa para asegurar el patrimonio del Estado.
El Gobierno llegó al poder en momentos en que se daban las negociaciones para la adquisición de las tierras.
