El Gobierno panameño, a través del vicecanciller Álvaro Alemán, se comprometió ayer, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a acatar las recomendaciones del informe que preparó la comisión especial que investigó los hechos ocurridos en Bocas del Toro en julio pasado.
Alemán, en conversación telefónica con este diario, explicó que se respetará el documento y afirmó que la molestia del presidente Ricardo Martinelli obedece a que en el informe no se puso énfasis en que se utilizó una emisora de un miembro del PRD para incitar al desorden.
Martinelli dijo el martes que los verdaderos culpables de los incidentes fueron “un partido opositor y un sindicato” que, en contubernio, trataron de darle un golpe de Estado.
En contraposición, el informe concluye que la principal causa de los hechos fue la forma cómo se presentó, debatió y aprobó la Ley 30.
Durante la audiencia, Alemán informó que el Gobierno también se comprometió a atender a los afectados y a subrogar esa norma.
La audiencia fue solicitada por la Unión de Abogados y Abogadas Indígenas de Panamá, que denunció los excesos de la Policía en las manifestaciones, que dejaron dos muertos y más de 700 heridos.
Santiago Cumbrera
