La administración de Mireya Moscoso se ha distinguido por la improvisación, el coyunturalismo y la falta de iniciativa para desarrollar políticas en los aspectos económicos, sociales y culturales que conforman la acción del Estado durante su primer año de mandato, señala un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Panamá.
Según el informe, elaborado por el Centro de Capacitación Social de Panamá (CCS), en el 2000 no existió un impulso inteligente, coherente o innovador en cuanto al uso de las áreas revertidas producto de la transferencia del Canal.
"Ni en lo referente al impulso de actividades económicas, ni al impulso de actividades sociales o de beneficio a la población panameña de menos recursos económicos, que fue en definitiva quien mantuvo una constante histórica de defensa de los intereses nacionales", detalla el informe del CCS.
El Centro de Capacitación Social (CCS) plantea que en términos generales el país oscila entre los efectos de la globalización, las conveniencias o no de los tratados de libre comercio y junto con ello, las exigencias de las instituciones financieras internacionales que parecen haberse puesto de acuerdo en demandar de los sectores productivos en el ámbito nacional, una mayor flexibilización de la mano de obra panameña.
Se exige mayor productividad por esfuerzo de inversión y demandar al Estado, culminar el proceso privatizador que tan eficientemente cumplió el expresidente Ernesto Pérez Balladares.
También el informe establece que el sistema penitenciario panameño ha demostrado pocos avances en los últimos años, en edificación de nuevas estructuras, en el mejoramiento de las condiciones de los reclusos, y lo más preocupante es la permanencia de la mora judicial.
Agrega que el maltrato y violación de los derechos humanos de los reclusos ha motivado la desesperación de los internos que los inducen a realizar reyertas, intentos de fuga, homicidios, violaciones y hasta suicidios.
Otros de los delitos que se han cometido durante el 2000, son el robo a mano armada, tráfico de drogas, expedición de cheques sin fondo, maltrato al menor y la violencia intrafamiliar.
Sobre el hallazgo de cinco osamentas en el antiguo cuartel militar de Los Pumas de Tocumen, el CCS indica que esto demuestra la existencia de una fosa común donde se evidencia la desaparición forzada y se confirma la impunidad existente en los anteriores regímenes militares que existieron en el país.
El organismo considera la necesidad de investigar toda la lista de desaparecidos existentes, incluyendo los asesinados durante la invasión norteamericana a Panamá el 20 de diciembre de 1989.
"En nuestra opinión, todos los familiares de las víctimas tienen derecho a saber cuál fue el destino de sus familiares y el gobierno de Mireya Moscoso debe demostrar ante la Nación su real voluntad política de conocer el pasado, independientemente de los sectores políticos a que pertenezcan", argumenta el CCS.
A la vez considera urgente la creación de una Comisión de la Verdad que prosiga con las investigaciones en curso y determine el paradero del resto de las fosas comunes que han quedado en el olvido, producto de la invasión norteamericana a Panamá, lograr abrirlas y ubicar el número real de desaparecidos panameños.
Dentro de la evaluación, el organismo considera un logro, hasta ahora, la no renegociación de bases militares extranjeras, CMA o Fuerzas Visitantes, y el impulso de una política de consenso en cuanto al problema fronterizo con la hermana República de Colombia.
Señala como oportuna la posición diplomática del gobierno panameño de declarar su no-participación en la ejecución del Plan Colombia y demanda en esa dirección la ejecución de la Política Panameña de Seguridad elaborada por distintos sectores de la población civil y partidos en ánimo de estructurar una política nacional para la defensa del territorio.
En cuanto a los delitos de terrorismo, como los que iban a ser cometidos por el Sr. Posada Carriles, el CCS señala que deben tener una solución ejemplar por parte del gobierno panameño, porque con estas acciones violentas se pretendía cercenar los derechos fundamentales de la población que concurría a los actos públicos que daban lugar en el desarrollo de la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado.
Agrega el informe que es evidente para la opinión pública nacional e internacional la falta de voluntad política de las administraciones norteamericanas de proceder a la limpieza de las 3,175 hectáreas que quedaron contaminadas por las prácticas militares desarrolladas por el Ejército de los Estados Unidos durante su presencia en territorio panameño que duró casi un siglo.
En lo relativo al caso del desalojo forzoso ocurrido en la comunidad de Mocambo Abajo, los organismos de derechos humanos en Panamá demandan a las autoridades un estudio tenencial de la propiedad en disputa, que permita clarificar la verdad y garantizar el derecho de las personas.
La prioridad del Gobierno es proveer un techo a los panameños y renovar los esfuerzos para enfrentar la carencia de alternativas de vivienda que se dan en distintos puntos del país ante la ausencia de contratos y bajos ingresos familiares.
"Un motivo de mucha preocupación lo constituye el área de educación, puesto que notamos en términos generales un desmonte de lo avanzado en la gestión del Dr. Balladares sin producir nuevas alternativas. El gobierno de Moscoso se ha distinguido sólo en cumplir las promesas electorales a los educadores en cuanto a sus jubilaciones especiales, pero no tiene propuestas para las necesidades de educación del país en este momento de apertura comercial, privatizaciones y liberación económica", detalla el organismo.
Según el CCS, en materia educativa existe un vacío en estrategias a seguir para enfrentar los retos del rumbo del modelo neoliberal en Panamá.
Mientras que en materia de salud, el documento resalta el esfuerzo realizado por darle una solución al problema de infraestructura del Hospital Santo Tomás con aporte del sector privado, la aprobación de la ley de medicamentos que intenta abaratar sus costos para la población, aunque no se vislumbran grandes cambios estructurales con respecto a la descentralización del modelo de salud.
El Centro de Capacitación Social de Panamá apoya los reclamos de los derechos de los campesinos, y comparte el criterio de que no se puede hablar de desarrollo para unos, en detrimento de las condiciones naturales, económicas y sociales de los sectores más desprotegidos de la sociedad, a quienes siempre se les exige una mayor cuota de sacrificio y siempre son pocas o ninguna la recompensa que reciben del Estado y menos aún de los sectores económicos que se enriquecen a costa de los proyectos económicos.
