El gobierno de Juan Carlos Varela sigue haciendo lo mismo que antes criticaba, al favorecer a familiares de miembros del partido político que preside mediante contrataciones directas.
El Ministerio de Gobierno, a cargo de Milton Henríquez, extendió de forma directa el contrato de arrendamiento del edificio Coremusa, donde están ubicados sus depósitos.
La extensión será hasta el 31 de diciembre de 2017, por un monto mensual de 6,034.43 dólares.
El monto que se le pagará al dueño del edificio, cuya esposa es hermana del diputado panameñista y expresidente de la Asamblea Nacional Adolfo Valderrama, será de 289 mil 652 dólares.
Esta relación se puede denominar como tráfico de influencia, por la diferencia con otros contratos, a los cuales el actual gobierno ha puesto trabas o no los ha extendido, mientras que este se hizo de forma expedita.
Estos actos son fuertemente cuestionados por abogados y analistas políticos, entre otros grupos que se oponen a que se den estas contrataciones directas, las cuales -consideran- empañan la labor de la administración de Varela.
Enrique Montenegro, del Frente Anticorrupción de Panamá, explicó que este grupo siempre ha estado en contra de que se den estas contrataciones directas.
Sustentó que la ley las permite, pero bajo ciertas reglas y con algunas excepciones, como por urgencia notoria; sin embargo, no debe constituirse en una norma general del Gobierno realizarlas porque se prestan para malas interpretaciones, como posibles tráficos de influencia y corrupción.
En el caso de este arrendamiento, Montenegro asegura que se revela el tráfico de influencias.
Agregó que el Frente Anticorrupción ha recibido otras denuncias relacionadas con el expresidente de la Asamblea Adolfo Valderrama, las cuales están siendo investigadas para llegar al fondo del tema.
Una vez que estas denuncias llegan al Frente, son llevadas a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) para que esta instancia profundice porque a la mayoría de los funcionarios se les envían cartas y no contestan.
Luego de que la Antai suministra la información, a nombre de Montenegro o del Frente, se procede a presentar la denuncia correspondiente.
No obstante, Montenegro señaló que como la justicia está totalmente destruida, están seguros de que tanto en el Ministerio Público como en el Órgano Judicial no se logrará investigar nada, sobre todo si se trata de alguna figura de confianza del mandatario.
"Nos oponemos a que se den contrataciones directas y solo deben hacerlo con las excepciones que dice la ley", manifestó.
El año pasado, este medio reveló que Valderrama usó parte de la partida de que recibió del gobierno anterior para comprarle bolsas de comida a Coremusa, que se dedica a la venta de muebles y electrodomésticos y no al suministro de alimentos.
"Lo que pasa es que el dueño de Coremusa está casado con mi hermana y esta empresa tiene 47 años de estar vendiéndole productos al Estado", declaró en esa ocasión Valderrama.
Cedeño: Falta voluntad para actuar de una manera más transparente
En la actual administración de Varela, hay entidades que han utilizado el método de contratación directa para la ejecución de proyectos, lo cual no es ilegal, pero se presta para la corrupción.
Hablamos de instituciones como Tocumen S.A., la Secretaría del Metro, el propio Gobierno central, Autoridad de Turismo, Autoridad de Aseo, Caja de Seguro Social, entre otras.
El abogado Ernesto Cedeño agregó que hay falta de voluntad de las autoridades para hacer las cosas de una manera más transparente.
Para Cedeño, las autoridades no le han dado énfasis a la transparencia para que pudiera llegar al fiscalizador (el ciudadano) e investigar el uso dado a los recursos del Estado.
El jurista también considera que el portal de PanamáCompra no tiene un buscador amigable para conocer si las entidades cumplieron con subir las contrataciones directas que realizan, lo cual debilita la transparencia en el país.
