El Gobierno sigue restando importancia a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- e insiste en justificar la habilitación del penal insular de Punta Coco, aunque vulnere instrumentos internacionales ratificados por el país.
Ayer, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, precisó que el penal, custodiado por efectivos del Servicio Nacional Aeronaval -Senan- es para casos "muy puntuales y de alta peligrosidad", en el que se busca aislar a las personas que pretenden dirigir sus operaciones delictivas desde las cárceles.
En su informe, presentado en el mes de febrero, la CIDH se hizo eco de un documento de la Defensoría del Pueblo, en ese entonces regentada por Lilia Herrera, en el que se advertía que los detenidos, para evitar desorientarse o deprimirse, "se hablan desde sus celdas, pero no pueden verse debido a su ubicación".
Agrega el organismo hemisférico que ha advertido que la reclusión en régimen de aislamiento produce "graves daños sicológicos y a veces fisiológicos".
Sobre estas y otras posibles violaciones a las garantías de los detenidos trasladados al penal, Alemán respondió: "dónde quedan los derechos humanos de los afectados".
Sobre este punto, la CIDH les recordó a los gobernantes que el Estado es garante, "toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia".
Alemán informó que la cárcel, instalada en una base naval, será para ubicar a cinco o seis detenidos.
Ayer, familiares de uno de los que serán trasladados informaron en Telemetro que presentaron una denuncia contra la Policía en el Ministerio Público por la desaparición de este.
La madre de Félix Sarabia, acusado de ordenar desde la cárcel el atentado que acabó con la vida de dos menores en El Chorrillo, denunció que la policía mantuvo "desaparecido" a su hijo desde el día en que se produjo la balacera.
