El ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, ordenó la suspensión y una revisión de los certificados de operación otorgados a nivel nacional en los últimos años.
El titular de Gobierno advirtió que a partir de este momento no se dará ningún certificado de operación más a nadie y se revisarán la gran cantidad de cupos que se otorgaron en los últimos años saturando el mercado.
De acuerdo con Spadafora, la medida tiene como objetivo reorganizar el sector transporte a lo largo del país y determinar si realmente los certificados de operación están en manos de transportistas.
La decisión fue adoptada en una reunión sostenida entre el Premier y dirigentes transportistas de todo el país, quienes estuvieron de acuerdo con la medida gubernamental.
Se conoció que existe la posibilidad de que algunos cupos otorgados en forma irregular sean eliminados por el Ministerio de Gobierno y Justicia de comprobarse que fueron entregados en "situaciones dudosas".
En la reunión también participaron la ministra de la Presidencia, Ivonne Young; el ministro encargado de Economía, Eduardo Quirós; el director de la Autoridad Nacional del Transporte, Carlos Harris y los dirigentes, Héctor Rodríguez, Carlos Vélez y otros del interior del país.
El encuentro tenía como objetivo analizar la problemática del transporte actual en el país, especialmente ante la solicitud de aumentar la tarifa del pasaje colectivo en la ciudad capital a 0.25 mediante una tarifa única.
Una de las preocupaciones de la actual administración es la gran cantidad de cupos que fueron otorgados en años anteriores, los cuales están en manos de personas que nada tienen que ver con el sector transporte.
Otras de las anomalías que se investigará es el manejo de varios cupos por un mismo transportista o concesionario.
En cuanto al estudio que realizan los transportistas para determinar la factibilidad del alza del pasaje colectivo, la Cámara Nacional de Transporte anunció que la próxima semana entregará este informe al Gobierno Nacional.
Luego la Autoridad Nacional del Transporte y el Gobierno Nacional tendrá 15 días para emitir una opinión sobre este estudio y determinar si es factible el aumento a 0.25.
En los últimos años, varios directores del Tránsito y dirigentes transportistas han sido denunciados por usufructuar y negociar de manera irregular con el otorgamiento de los certificados de operación.
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