La presidenta Mireya Moscoso informó ayer que las recomendaciones hechas por la Comisión Presidencial Contra la Corrupción fueron entregadas a cada uno de los ministerios, a la Asamblea Legislativa y al Organo Judicial, y que incluso ya han sido destituidos algunos funcionarios, producto del informe. Informó que el Ejecutivo da seguimiento a las recomendaciones de la comisión y elabora algunos proyectos de ley que serán enviados a la Asamblea en septiembre próximo.
Manifestó que las recomendaciones para combatir la corrupción se van a publicar, porque muchos de los casos de supuesta corrupción, "sólo eran percepciones, no había pruebas". Las declaraciones de Moscoso se dieron ayer durante la elección de los Comités Ejecutivos de Corregimientos del gobernante Partido Arnulfista (PA).
La presidenta Moscoso llegó sonriente a su centro de votación manejando un auto Mercedes Benz. Moscoso también le respondió al ex mandatario Ernesto Pérez Balladares, quien afirmó que si los documentos personales se retiraran dependiendo del grado de corrupción, la gobernante no tendría ni licencia de conducir. "Yo tengo mi licencia, gracias a Dios nunca me la han quitado. No he cometido ninguna falta", enfatizó.
Precisó que el problema de Pérez Balladares es que está buscando notoriedad, porque también el PRD va a unas elecciones internas el próximo año.
"Según hemos visto a él se le apartó el año pasado y ahora quiere tratar de hacerse dentro del partido. Eso que vaya y lo critique allá, yo no tengo nada que ver con eso", destacó.
Moscoso también se refirió a las declaraciones del ex presidente Guillermo Endara, quien sostuvo que ella no apoyaría a Alberto Vallarino en las próximas elecciones internas del colectivo, al asegurar que cualquiera que quiera inscribirse en el colectivo puede aspirar a ser candidato en unas primarias.
Indicó que quien tenga alguna aspiración va a tener que competir, así como lo hizo ella en el año 1989 dentro de las filas del partido. "Todos tenemos que trabajar duro, porque dentro del Partido Arnulfista nada es fácil, todo ha sido muy difícil", recalcó.
Manifestó que el Ejecutivo puede emitir una addenda para modificar un contrato ley, pero ésta debe ser finalmente aprobada por la Asamblea Legislativa. Comentó que en muchos de estos casos, las addendas y resoluciones que aprueba el Ejecutivo "se hacen de manera misteriosa" y casi siempre "la parte empresarial" es la que queda beneficiada y el Estado o el usuario de los servicios son los que pierden". Culiolis denunció que todos los hechos indican que a través de estas resoluciones "hay elementos de corrupción que están por debajo de la mesa".
Para el constitucionalista César Quintero, la intromisión de un poder del Estado en los asuntos de otros crea un ambiente de "desgobierno" en el país, situación que es peligrosa para el sistema democrático. "No existe un equilibrio entre los poderes del Estado como establece el orden constitucional. Lo que hace el Legislativo, el Ejecutivo trata de sabotearlo y viceversa", advirtió el ex magistrado de la Corte.
Explicó que únicamente el Ejecutivo puede ejercer funciones legislativas a través de las facultades extraordinarias que le concede el Organo Legislativo con la aprobación previa de una agenda de temas. Indicó que, mediante estas funciones legislativas, el Ejecutivo emite decretos leyes que tienen la misma categoría legal para modificar una ley.
El dirigente del Consejo de Unidad Sindical (CONUSI), Gabriel Castillo, señaló que las modificaciones a los contratos leyes, sin la debida aprobación de los órganos del Estado correspondiente, originan "una sensación clara de corrupción y de que se está beneficiando a particulares".
"Lógicamente éste es un mensaje muy malo que se envía precisamente a los posibles inversionistas, y de falta de credibilidad por parte de un gobierno que precisamente carece de eso", destacó el dirigente sindical.
Según Castillo, además de las modificaciones a los contratos leyes, el Ejecutivo ha pasado sin la aprobación de la Asamblea el Acuerdo Salas - Becker y otro acuerdo entre la Autoridad del Canal de Panamá con organismos de seguridad de los Estados Unidos. "Eso da una percepción de que no hay respeto a la seguridad jurídica y a los órganos del Estado sobre la materia que deben legislar", señaló Castillo.
Para Rolando Gordón Canto, vice decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, en el país se requiere con urgencia un marco jurídico único que se aplique para todas las inversiones extranjeras y locales que quieran realizar contratos con el Estado, para terminar con la suspicacias y los cambios de las reglas del juego a último momento.
De acuerdo con el catedrático, la seguridad jurídica de las inversiones realizadas en el país se ve violentada con decisiones que cambian las reglas del juego. Indicó que la promulgación de un marco jurídico definiría con claridad las reglas del juego iguales para todos los que quieran invertir en Panamá.
Según el economista, un marco jurídico daría garantía igual, tanto para la inversión extranjera como para la nacional, en materia de ventajas fiscales, facilidades económicas y otros aspectos que se consideren. Destacó que con un instrumento legal de este alcance no hay lugar para el subjetivismo, las presiones y los cambios de las reglas del juego a último momento, situación que afecta la imagen de Panamá, tanto en el extranjero como en el ámbito nacional.
Manifestó que una ley de este tipo no se ha aprobado en Panamá porque los distintos gobiernos que han estado en el poder no le han dado la importancia que se requiere al tema de la transparencia en las contrataciones e inversiones.
