Gobierno usaría la fuerza contra manifestantes

La presidenta Mireya Moscoso advirtió ayer que el Gobierno ha sido "muy paciente", pero que no permitirá que se abuse con actos de protesta y cierres de calles.
Mientras que el ministro de Gobierno, Winston Spadafora, advirtió ayer en Chiriquí que de ser necesario se utilizará la fuerza policial para impedir que grupos realicen acciones que perjudiquen a la mayoría del pueblo.
Moscoso puntualizó que no se puede permitir que la mayoría de los panameños resulten perjudicados por más de dos horas por los cierres de calles de algunos grupos.
"Aquí se quiere protestar e ir a las calles por todo, y crear un conflicto en torno a algo que no existe", sentenció.
Precisó que su administración ha respetado las posiciones e incluso hay miembros del Partido Revolucionario Democrático que siguen en sus puestos sin mayores problemas, en clara alusión a las protestas realizadas por la FENASEP.
"Recuerdo que en 1994 cuando botaron a gran cantidad de arnulfistas, nosotros entendimos y nos fuimos para la casa, porque entendimos que el PRD quería nombrar a su gente", acotó Moscoso.
Aclaró que no se han dado despidos masivos como ha señalado la FENASEP y afirmó que se trata de puestos de confianza.
En tanto, el ministro de Gobierno dijo que aún creyendo en la libertad de expresión y el derecho a la protesta que existe en este país, no permitirán que se realicen acciones que lesionen a terceras personas.
"La Fuerza Pública será utilizada de la forma más cuerda y pacífica que sea posible, pero siempre que los protestantes no los obliguen a tomar medidas enérgicas", advirtió.
Por otra parte, aproximadamente un centenar de miembros de la FENASEP realizaron ayer un piqueteo frente a las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Calle 50, afectando el libre tránsito de otros tantos funcionarios que salían de sus trabajos.
Leandro Avila, secretario general de la FENASEP, entregó al defensor del pueblo, Italo Antinori la documentación de los despidos de trabajadores del sector público y reiteró las denuncias de que el Gobierno ha despedido o a unas 7,000 personas.
Denunció que mientras por un lado el Gobierno señala a la organización como un satélite del PRD, por otro, trata de hacer concertaciones con este colectivo en la Asamblea Nacional, para imponerle medidas antipopulares al pueblo.