"El Gobierno viola la ley que establece la figura de un civil como director del Servicio de Protección Institucional (SPI)", denunció Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia.
Castillo instó a la presidenta de la Corte Suprema, Graciela Dixon; a la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez; al defensor del Pueblo, Ricardo Vargas y al Ministerio de Gobierno y Justicia a pronunciarse lo más pronto posible, ya que temen que un tema de prioridad quede archivado.
Dijo que es hora que se exija al Gobierno que cumpla con la disposición legal, ya que la ciudadanía reclama un civil en el SPI, para que se respeten los derechos humanos, la integridad física y emocional de todos los ciudadanos.
Igualmente, criticó a la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP), adscrita a la Policía Nacional, que a su juicio debe ser un agente independiente, porque "existe desconfianza de los procesos disciplinarios que se aplican a los agentes policiales, la Policía Técnica Judicial y al SPI".
En cuanto al uso excesivo de fuerza por los estamentos de seguridad durante las manifestaciones, expresó que se ha confundido el orden público con la violación a los derechos humanos.
Asimismo, recalcó que se debe revisar la capacitación de los agentes policiales que están cuidando nuestras calles.
Actualmente Omar Alvarado, director encargado del SPI, al igual que el director José Gómez, suspendido 30 días por represión contra manifestantes, son militares retirados.
Recientemente, familiares y víctimas por envenenamiento con dietilenglicol, fueron golpeados por miembros del SPI, en momentos que reclamaban justicia e indemnizaciones fuera de la Presidencia de la República.
