A partir del próximo lunes las instituciones del Estado podrían iniciar el proceso de avalúo de las viviendas que están en los bordes de la segunda etapa del Corredor Norte, informó ayer ante la Comisión de Transporte de la Asamblea Legislativa, la viceministra de Obras Públicas (MOP), Gretel Villalaz.
Los planteamientos de la funcionaria se dieron después que el legislador perredista, Felipe Cano, cuestionara la forma en que el Gobierno ha manejado el tema de las personas cuyas residencias han quedado al borde, incluso, a más de 10 metros por debajo de la obra.
Cano dijo de manera categórica que lo que se impone en este caso es que se hagan los avalúos respectivos y que lo más pronto posible estas personas sean reubicadas e indemnizadas, pues la vida de quienes residen en más de 50 casas está en peligro.
La viceministra respondió que hasta el momento lo que han hecho los funcionarios del Estado es accionar sobre la base de lo que dispone el contrato de concesión firmado con la empresa Proyectos y Construcciones (PYCSA) por la anterior administración.
Durante la sesión de la Comisión de Transporte, Jazmira Esquina, vocera de los moradores, expresó que los funcionarios del MOP que han dicho que no hay riesgo para los residentes, entonces deben mudarse allí por unos días y entonces comprenderán por qué el temor.
Villalaz adelantó que el proceso de avalúo tomará por lo menos unas cinco semanas, pues se requiere ir a todas las casas para determinar el costo de cada una y calcular una posible indemnización. Por su parte, Oscar Delgado, gerente de Desarrollo de PYCSA, explicó que según lo dispone el contrato, corresponde al Estado y no a la empresa asumir la indemnización.
