El caso de la procuradora General separada, Ana Matilde Gómez, podría llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) estudia elevar a este organismo dicho caso por considerarlo un escándalo para la justicia panameña.
"Por supuesto que estudiamos esta iniciativa", declaró Katya Salazar, la directora ejecutiva de la organización, quien se reunió para estudiar el caso con la abogada del equipo defensor de Gómez, Griselle Mojica, y representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
"Se ha hablado de algunas posibilidades de cara al futuro, nada concreto, pero por supuesto que el sistema interamericano de la Comisión es una posibilidad", afirmó.
El encuentro con Mojica se produjo después de que la Corte Suprema negara a la Procuradora suspendida el permiso de salida del país para asistir a la audiencia sobre el estado de la justicia en Panamá celebrada ayer dentro del 138 periodo de sesiones de la CIDH en Washington.
Gómez tenía intención de exponer su caso personal ante la Comisión como un "muy buen ejemplo" de la arbitrariedad y falta de independencia del órgano judicial, explicó Salazar.
