El Departamento de Estado advirtió ayer que el presidente de la Asamblea Nacional, Pedro Miguel González, tiene orden de arresto en Estados Unidos por el asesinato del sargento Zak Hernández el 10 de junio de 1992.
La reacción de EU se produjo a pesar de que González en su discurso de toma de posesión dejó abierta la posibilidad de renunciar, para no "ser un obstáculo" en la ratificación en el Senado estadounidense del Tratado de Promoción Comercial (TPC) ni en el desarrollo del país.
Mientras que la Embajada de EU informó que a pesar de su "profunda decepción", el Gobierno estadounidense "permanece comprometido" en la expansión del comercio con Panamá, en clara alusión al TPC que negociaron.
El Departamento de Estado señaló que EU está profundamente decepcionado de que la Asamblea haya elegido de entre todos sus miembros, a uno que está acusado de asesinato en primer grado, conspiración para asesinar e intento de homicidio.
González es acusado por EU de la muerte de Hernández y de tentativa de asesinato del sargento Ronald Marshall, pese a que fue absuelto por un jurado de conciencia en Panamá el 1 de noviembre de 1997.
"A pesar de las dificultades que estos hechos presentan", EU "permanece comprometido a trabajar con el Gobierno y el pueblo panameño en nuestra agenda compartida en apoyo a la expansión del comercio y el fortalecimiento de la democracia", sostiene.
"Estados Unidos quiere que los responsables de la muerte de Hernández y el atentado contra el sargento Ronald Marshall enfrenten a la justicia", advierte el Departamento de Estado.
Mientras que el Gobierno panameño emitió un comunicado recordando que la Asamblea es libre de elegir a sus dignatarios y que el Ejecutivo respeta la decisión tomada.
G. Ford: "Es bochornoso seguir retando a Estados Unidos, defendiendo una causa que ni ellos mismos conocen".
R. Martinelli: "Esto es un circo político, la Asamblea nos tiene de rehenes a todos los panameños, por eso se malgastan casi 60 millones de dólares".
D. Latorraca: "El TPC es importante para el desarrollo político y social del país, independientemente de las decisiones políticas que toma el Gobierno".
S. Sousa: "El TPC es fundamental para el desarrollo del país, se pudo haber buscado alguna forma para evitar esta situación".
