Las múltiples muestras de repudio en contra de la acción judicial solicitada por el magistrado Winston Spadafora continuaron, luego que Editora Panamá América, S.A. y el periodista Gustavo Aparicio, quien labora en este medio, fueran demandados por B/. 2 millones.
Durante la protesta de periodistas ante el Órgano Judicial, en apoyo a Aparicio y Jean Marcel Chéry del diario La Prensa, fue entregado un comunicado a los magistrados de esta entidad de justicia, en que se deja por sentado el repudio a lo actuado por Spadafora.
La nota señala que el mensaje que recibe la sociedad con acciones como las emprendidas, en las que se menciona el secuestro del salario de los comunicadores, se convierten en una forma de "intimidación" y "constriñe la libertad de expresión".
Se señala como consecuencia la autocensura, que privaría a la comunidad de conocer información relevante y esto es considerada una acción grave, según lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En términos similares se expresaron la Asociación de Periodistas y Afines de Panamá Oeste y de la Defensoría del Pueblo, a través del delegado especial para la Libertad de Expresión.
Por su parte el Movimiento de Periodistas Judiciales (MPJ), también mostró su rechazo por la medida adoptada, al considerar que el trabajo de investigación de los periodistas Chéry y Aparicio sobre la carretera que beneficia las fincas del magistrado Spadafora y del ex contralor Alvin Weeden, se ajusta a la realidad, toda vez que fue usada maquinaria estatal.
Indica el comunicado que "los agremiados del MPJ somos respetuosos de las leyes y el orden constitucional, pero consideramos que haber secuestrado el humilde salario de un periodista, que en nada se compara con el de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, atenta no solamente contra la libertad de información, sino, que ataca sus derechos humanos".
